¿Confía usted en el Gobierno? Yo tampoco, pero ayer fue aprobada una reforma que nos obligará a entregarle todos nuestros datos biométricos, como son huellas dactilares, escaneo del iris de los ojos, o reconocimiento facial.
La entrega de esa información será una condicionante para poder contratar una línea de teléfono celular.
La obligación operará igual para quienes ya tenemos un teléfono de esas características.
Se trata de una reforma que fue impulsada por Morena y aprobada con el apoyo de sus partidos aliados, como el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El pretexto es que se busca frenar los hechos delictivos que se realizan mediante el uso de teléfonos celulares.
Nada más absurdo que eso. Es una fantasía (por no decir otra cosa) suponer que un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será la solución para frenar las extorsiones, secuestros, asesinatos y toda una gama de delitos.
Lo dicen como si no existiera un mercado negro de telefonía celular y como si no hubiera corrupción policial.
En ese mismo sentido, vale una pregunta: ¿Hay algún país en el mundo que haya conseguido un logro de esa naturaleza? Por supuesto que no lo hay. Ni las grandes potencias, como nuestro vecino del norte, en donde las leyes permiten a las autoridades intervenir líneas telefónicas sin tantas restricciones, han logrado resultados exitosos.
No, señores senadores. El combate a la delincuencia requiere de otras medidas más serias, como la profesionalización y capacitación de las policías, y el equipamiento de las corporaciones con tecnología de avanzada para la investigación de los delitos.
Pero la reforma en cuestión tiene otro lado mucho más gris: atenta totalmente contra los derechos humanos de los ciudadanos.
¿Dónde queda mi derecho a la protección de los datos personales? ¿Y el derecho a la privacidad? Podríamos agotar el espacio detallando cada uno de los derechos humanos que se violentan con esa disposición, pero basta decir que es una acción legislativa que invade por completo la intimidad de cada ciudadano.
Por lo demás, es una reforma que llega en medio de una creciente desconfianza hacia un Gobierno federal que se ha distinguido por los atropellos a la legalidad.
La desconfianza ciudadana hacia la autoridad siempre ha estado presente, pero durante los dos últimos años es algo que ha crecido exageradamente.
¿Usted dormiría tranquilo sabiendo que toda su información está en manos de alguien que no es digno de confianza?
EL RESTO.
COSCORRON AL FISCAL. – Tiene razón de sobra la diputada priista, Olga Garza Rodríguez, cuando denuncia el desinterés del Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, para crear la Fiscalía especializada en la investigación de la violencia contra la mujer y en particular de los feminicidios.
Desde junio del 2020 el Congreso del Estado expidió el decreto respectivo, pero es fecha que no se le ha dado cumplimiento.
El hecho cobra mayor relevancia porque las estadísticas muestran un crecimiento de la violencia contra la mujer, y en consecuencia se requieren instancias oficiales más eficientes en la investigación de los delitos.
Preguntamos al respecto a algunos agentes del Ministerio Público, y la respuesta fue que “la Fiscalía General de Justicia está hecha un desma…”.
Por ejemplo, nos dicen que el rezago de carpetas de investigación es tan grande que los problemas que padecía el sistema tradicional de justicia penal ya se ven chiquitos frente a lo que se vive en el sistema acusatorio.
La consecuencia de todo ello es una creciente impunidad porque la mayoría de los delitos no se esclarecen. Y no se esclarecen porque sencillamente no hay quien los investigue.
ASI ANDAN LAS COSAS.
