Por Fernando Camacho y Eduardo Murillo
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- A finales del mes pasado, la mesera de un bar de Nuevo Laredo habría sido víctima de un ataque sexual a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes la interceptaron en la calle cuando regresaba a su casa, denunció el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos.
En entrevista con La Jornada, el abogado explicó que la madrugada del pasado 25 de abril, la mujer –quien prefiere ser identificada sólo como “Miriam”—concluyó su turno de trabajo y se dirigió a pie a su domicilio, cuando fue detenida por cuatro integrantes del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Nuevo Laredo.
Tras subirla a una camioneta, los soldados habrían agredido sexualmente a la víctima y más tarde la abandonaron enfrente de la Plaza de Toros “Lauro Luis Longoria”. Unas horas después, “Miriam” le notificó de lo ocurrido a su jefa, quien le recomendó poner una denuncia ante el Ministerio Público federal.
Ramos destacó que la Fiscalía de Tamaulipas declinó su competencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual inició la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000819/2021. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya inició un expediente de queja en contra del personal de la Sedena en Nuevo Laredo.
El activista señaló que el CDHNL logró obtener videos de casas o negocios cercanos al lugar donde “Miriam” fue detenida, los cuales confirmarían la presencia de militares en el lugar y la hora señaladas por la víctima.
Además de lo anterior, hay un testigo presencial que, en el momento del ataque, se encontraba a unos 100 metros del lugar donde fue detenida la mujer, y que también habría sido aprehendido y golpeado por los elementos castrenses.
El abogado enfatizó que lo ocurrido el 25 de abril no ha sido la única violación de derechos humanos en la que estarían involucrados los elementos del 16 Regimiento de Caballería, pues los soldados de esa unidad habrían participado en al menos seis ejecuciones extrajudiciales de diciembre de 2019 a la fecha.
Dichos abusos sólo “se investigan entre comillas, porque no hay ningún caso judicializado por abuso de autoridad, homicidio calificado, robo, tortura, ¡nada! Hay una especie de protección institucional, eso está muy claro”.
El 16 “regimiento está fuera de control, y si la Sedena no lo frena, puede pasarle lo que le pasa ahora a la Secretaría de Marina, que está bajo investigación (de un juez federal, quien señaló a 30 uniformados por una serie de desapariciones ocurridas en 2018, también en Nuevo Laredo), por eso mi llamado público y reiterado a que se investigue”, puntualizó.
Ramos lamentó que, tras haber denunciado los hechos, la víctima ha comenzado a ser acusada de ser “informante de un cártel”, para tratar de justificar de alguna manera la actuación de los militares.
“El enlace de la Sedena con los medios, en lugar de investigar el caso, está criminalizando a la víctima, como pasó en los casos de Tanhuato, de Tlatlaya o de los estudiantes del Tec de Monterrey” que fueron asesinados en marzo de 2010 por elementos del Ejército y acusados por el gobierno de ser “sicarios”.
El defensor de derechos humanos indicó que “Miriam” está muy temerosa de posibles represalias en su contra, por lo que pidió que se le otorguen medidas cautelares por parte de diversas instituciones, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación y la misma FGR.
Consultadas sobre el tema, fuentes del gobierno federal señalaron que realizan “las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de los hechos, y si se encuentra algún indicio de presunta responsabilidad, se dará vista al Ministerio Público del fuero común”. Con Información de La Jornada
