Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las personas con discapacidad deben tener garantías de trabajo en igualdad al resto de la población en caso de contingencia, propuso la Legisladora Federal Mariana Rodríguez Mier y Terán.
Para ello, propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En caso de avanzar, esta reforma permitirá que, en caso de contingencia se garanticen las condiciones de trabajo accesibles e inclusivas a este sector de la población.
El objetivo de las reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es colocarlas en el centro de atención en materias económica, de salud, educación y de servicios, subraya.
Además se buscaría colocar a las personas con discapacidad en el centro de atención en materias económica, de salud, educación y de servicios.
Con esta propuesta se desarrollaría una protección social que brinde asistencia inmediata a las personas con discapacidad, a través de transferencias en efectivo, apoyo en especie y mecanismos de ejecución adaptados a sus necesidades.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados argumentó que México no es ajeno a esta grave problemática, pues la pandemia ha provocado que muchas personas con discapacidad perdieran su empleo formal o informal.
Rodríguez Mier y Terán, añade que los ciudadanos señalan que no pueden acceder a los apoyos que otorga la Secretaría de Bienestar federal, toda vez que su edad los deja fuera de las reglas de operación de los programas de apoyos federales.
La diputada priista refirió que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 señala que de las personas con discapacidad que tienen 15 años o más de edad, el 38.5% forma parte de la población económicamente activa.
“No tenemos la menor duda que mediante la presente iniciativa contribuiremos a que las personas con discapacidad cuenten con las mismas oportunidades para participar en el ámbito laboral con las mejores condiciones posibles respecto al resto de la población”, explicó Rodríguez Mier y Terán.
En el PRI, refrendó, estamos convencidos del imperativo de fortalecer nuestro marco jurídico con el objetivo de promover políticas públicas orientadas a garantizar que los grupos vulnerables puedan ejercer de manera efectiva sus derechos humanos, así como asegurar su plena y efectiva incorporación al desarrollo nacional.
