El caos y la confusión invadió a los tamaulipecos la tarde-noche del pasado viernes, cuando se conoció la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Luis González Alcántara, con la que desechaba la controversia constitucional interpuesta por la legislatura local contra el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La sociedad tamaulipeca está dividida en dos: de un lado, aquellos que consideran y exigen que el mandatario tamaulipeco atienda y cumpla la decisión tomada por la Cámara Federal de diputados, declarando procedente su desafuero para que enfrente un proceso penal; y por el otro, aparecen quienes rechazan la injerencia de la Cámara Baja apelando a un asunto de soberanía estatal, en el que debemos ser los mismos tamaulipecos quienes decidamos sobre el futuro del gobernador.
De ahí la polarización que ha venido prevaleciendo en Tamaulipas desde que la fiscalía general de la República solicitó el desafuero del gobernador, y que ha venido escalando a niveles críticos, como los de este viernes cuando el ministro emitió una resolución en apariencia confusa, sobre todo para el sector social que apoya el desafuero.
Pero más allá de toda esa confrontación, la única verdad de todo esto es que la resolución del ministro González Alcántara dejó firme a Cabeza de Vaca como gobernador constitucional de Tamaulipas hasta el final de su mandato, el último día de septiembre del 2022.
Implícitamente, la resolución le mantiene la inmunidad procesal para evitar que sufra actos de molestia o persecución por parte de la autoridad federal. Por lo menos no podrá ser así mientras mantenga el fuero. Ya concluido su mandato, la situación será otra.
Hay siete líneas de la resolución del ministro que sintetizan la situación: “En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.
Le insisto: más allá de posiciones personales e ideologías es la resolución de González Alcántara lo que importa para fines prácticos. Es su decisión la que encauza la gobernabilidad de Tamaulipas, y lo que resolvió fue que el Congreso del Estado ejerció su facultad Constitucional establecida en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal para decidir no homologar el desafuero aprobado por la Cámara federal.
Es por esa facultad ejercida que ya no había Litis para la controversia, porque ya se trató de una decisión tomada en ejercicio de un derecho que le atañe a la legislatura.
Esperamos que la semana que hoy inicia las cosas comiencen a tranquilizarse en Tamaulipas. Ojalá y que esta polarización social vaya amainando, porque cuando una sociedad se confronta, por las razones que sean, todos salimos perdiendo.
Estamos en la víspera de una elección que también puede ser un factor de unión o desunión, según queramos cada uno de nosotros. Me parece que debemos concentrarnos en ello, y ¿por qué no?, en todo caso usar esa oportunidad en las urnas para manifestar nuestra posición con respecto al desafuero, pero que sea mediante una vía pacífica como es la boleta electoral.
En lo personal me parece que lo mejor que nos pudo suceder fue que Cabeza de Vaca siga gobernando el Estado, porque eso garantiza la gobernabilidad de Tamaulipas.
El otro escenario posible, el de elegir a un gobernador interino hubiera implicado de forma inevitable inestabilidad social y política por todas las implicaciones que ello tendría, lo cual hubiera agravado la creciente polarización social de que le hable al inicio.
Por lo demás, seguimos inmersos en una grave pandemia que cada día cobra más víctimas inocentes, y continuamos padeciendo problemas serios, como el de la inseguridad pública, que reclaman gobiernos concentrados en ellos.
Por todo ello, lo que mejor nos conviene es que nos tranquilicémonos.
EL RESTO.
SUCIEDAD EXCESIVA. – Lamentablemente también las campañas políticas entraron en un proceso de descomposición peligrosa.
Los ataques personales entre los candidatos están marcando la pauta de la narrativa con que unos y otros intentan conquistar el voto ciudadano.
Lo cual, definitivamente es lamentable porque lo único que demuestra es la capacidad del agresor para convencer al electorado de que es su mejor opción.
Por lo demás, también refleja la calidad moral de quien suelta esos ataques que casi siempre eligen como blanco la intimidad y privacidad del ser humano, que debería ser inatacable bajo ninguna circunstancia, y menos cuando se sustenta en mentiras que, como le decía, solamente buscan engañar al electorado.
Me preocupa también la apatía mostrada en este asunto por los árbitros electorales. Tanto el INE como el Ietam se han mantenido como testigos mudos cuando mínimo deberían estar emitiendo algún pronunciamiento.
ASI ANDAN LAS COSAS.
