Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por actos de corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las finanzas de los expresidentes y otros funcionarios y exfuncionarios denunciados por Lozoya, a petición de la FGR, y entregó la información obtenida al Ministerio Público Federal para ser integrada a la investigación que está actualmente en curso.
Desde noviembre de 2020, la FGR solicitó información a la UIF sobre 19 de los 70 denunciados por Lozoya. Además de los expresidentes, la lista está integrada por personajes como Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Anaya y los expresidentes Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Las fuentes consultadas indicaron que, de los investigados por la UIF, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social José Antonio Meade y el actual gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, no registran irregularidades en sus finanzas.
La FGR también solicitó información sobre Carlos Treviño Medina, David Penchyna Grub, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Olascoaga Rodríguez.
Asimismo, de Guillermo Gutiérrez Badillo, Jorge Luis Lavalle Maury, José Antonio González Anaya, Rafael Caraveo y Salvador Vega Casillas.
En su denuncia, Lozoya Austin señaló al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury de formar parte de un grupo de legisladores que lo extorsionaban para obtener millonarios sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética.
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Actualmente, Lavalle Maury está vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa y es el primer y único exfuncionario encarcelado, preventivamente, por las acusaciones de Lozoya.
Además de la denuncia del esdirector de Pemex, la UIF también ha presentado ante la FGR denuncias contra Lavalle Maury por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Asimismo, pese a que en su denuncia Lozoya señaló al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca como uno de los legisladores que lo extorsionaban para votar a favor de la reforma energética, las autoridades no han procedido en su contra por estos dichos.
Sin embargo, derivado de una denuncia diferente presentada por la UIF, la FGR logró que un juez federal en el Estado de México emitiera una orden de aprehensión contra el gobernador, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Fuentes ministeriales precisaron que la FGR investiga los dichos de Lozoya Austin contra los 70 funcionarios y exfuncionarios, pero hasta el momento sólo ha pedido información financiera sobre 19 de esos personajes para integrarla a la carpeta de investigación correspondiente.
Con esta denuncia, Emilio Lozoya busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad, que es una figura de terminación del proceso penal a través de la cual pretende que la fiscalía desista de acusarlo por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Para ello, la FGR deberá determinar si la información que Lozoya aportó es suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias condenatorias contra alguno de los denunciados.
