San Juan.- Una compañía privada asumió el martes el control de las operaciones de transmisión y distribución de la autoridad de electricidad de Puerto Rico, que ha batallado con apagones, bancarrota, corrupción y mala administración.
La toma de control por Luma Energy bajo un contrato de 15 años coincidió con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, mientras muchos en Puerto Rico están preocupados sobre la transición y sobre si la nueva compañía puede lidiar con una tormenta intensa. La isla sigue tratando de recuperarse del huracán María, que destruyó casi toda la red del tendido eléctrico en septiembre de 2017.
“Está extraordinariamente frágil y en muy malas condiciones”, dijo Wayne Stensby, director general de Luma, un consorcio formado por la firma canadiense Atco y la estadounidense Quanta Services Co.
Pero Stensby dijo que la compañía, que dará servicio a los 1,5 millones de clientes en la isla, tiene suficientes recursos para lidiar con un huracán de categoría 2 y puede traer más equipo y trabajadores si azota una tormenta más fuerte.
El acuerdo aprobado por el gobierno de la isla y una junta federal de control prevé que Luma dedique miles de millones de dólares a la modernización del sistema —la mayoría de los fondos provendrán de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) — al tiempo que recibe centenares de millones para la administración del sistema.
Las autoridades esperan que el operador privado trabaje mejor que la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla, que ha pasado trabajos para restaurar la red y mantener el servicio mientras lidia con una deuda de 9.000 millones de dólares, más que cualquier otra agencia del gobierno puertorriqueño.
Incluso con la privatización, la mayoría de los analistas consideran que el gobierno y la junta de control van a tener que aceptar eventualmente un aumento de las tarifas de electricidad para satisfacer las demandas de los acreedores.
Mientras, la nueva compañía hereda apagones, con más de 30.000 usuarios sin electricidad en semanas recientes.
“No queremos llegar al 1 de junio con un montón de apagones, pero va a ser como va a ser”, dijo Stensby.
Puerto Rico escogió a Luma en junio de 2020 para operar y modernizar el sistema de transmisión y distribución de electricidad en la isla.
El gobernador Pedro Pierluisi dijo que la compañía ha prometido reducir las interrupciones de electricidad un 30%, la duración de los apagones un 40% y reducir los accidentes de trabajo a la mitad.
“Hemos tenido una compañía estatal de servicios públicos incompetente por demasiado tiempo”, dijo. “La transformación en marcha creará una diferencia”.
Críticos han pedido al gobierno cancelar el acuerdo. Una organización sin fines de lucro basada en Texas, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, se quejó de que Luma no sería penalizada por no ahorrar dinero o no satisfacer los objetivos de energía renovable.
Dijo que la junta de control “está ignorando algunas de las mismas prácticas fiscales que llevaron a la isla a la bancarrota”, escribió Tom Sanzillo, director de análisis financiero de la organización. “Eso incluye procesos de contratación influidos por política, transferencias de dinero mal documentadas entre entidades, falta de claridad y responsabilidad para iniciativas de ahorro presupuestario, no priorizar la energía renovable y manejo laboral costoso y de poca visión”.
El Centro para una Nueva Economía, un centro de estudios no partidista, criticó también el acuerdo, diciendo: “No hay garantías de que el proceso de modernizar y transformar (la autoridad de electricidad) será exitoso”.
Además, unos 20 gremios que representan a miles de trabajadores puertorriqueños, desde maestros hasta camioneros, anunciaron el martes que se lanzarán a la huelga si no se rescinde el contrato con Luma.
Stensby, de Luma, dijo que se sentía perplejo. “¿Contra qué pelean? ¿Cómo pueden pelear contra mejor servicio al cliente y mejor electricidad?”.
Mientras tanto, la junta federal dijo que la gestión debe proceder. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no es transformada, la economía se contraerá, dijo David Skeel, presidente de la junta de control.
“Algunas personas no están contentas con eso, pero es la forma para avanzar”, dijo sobre el contrato. “Es absolutamente esencial, en mi opinión”.
Las unidades generadoras de electricidad en Puerto Rico promedian 45 años de antigüedad, el doble de las del territorio continental de Estados Unidos, y el plan fiscal aprobado por la junta prevé la inversión de 3.850 millones de dólares hasta el año fiscal 2024 para modernizar el sistema.
