Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias de la familia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El Juez Faustino Gutiérrez Pérez, advirtió que si la Unidad de Investigación Financiera continúa con el bloqueo, podría causar daños y perjuicios de difícil reparación a la señora Mariana Gómez Leal.
Por ello, concedió la suspensión provisional a Mariana Gómez Leal para que la UIF libere dos cuentas que tiene en BBVA Bancomer y Banorte.
Uno de los argumentos que sustenta en la cuenta, el juez Faustino Gutiérrez, es que “tomando en consideración, por una parte que la quejosa es titular o beneficiaria de las cuentas bancarias que defiende, por lo que es quien se encuentra facultada para disponer de los recursos monetarios ahí depositados”.
“Por otra, que hasta esta etapa procesal no se cuenta con algún elemento que permita concluir que de otorgarse la suspensión provisional, para el efecto de que se levante el bloqueo de esa cuenta, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, dado que incluso se desconoce el origen y el sustento legal de esa actuación, es evidente que resulta procedente otorgar la medida cautelar solicitada”.
Antes, el titular del Juzgado Octavo de Distrito, señala que “no consiste en una sanción sino que se trata de una medida cautelar de índole administrativa que realiza para la protección del sistema financiero y que a partir de la información recabada, el Ministerio Público podrá ejercer sus atribuciones”.
La medida permanecerá vigente hasta que el juez resuelva si la concederá o no en definitiva en audiencia del próximo 14 de junio.
Antes, había otorgado también la suspensión para bloquear las cuentas bancarias del Senador Ismael García Cabeza de Vaca; Sin embargo Santiago Nieto titular de la UIF aseguró en su momento que no podría hacerlo porque se trata de una investigación internacional.
Sin embargo dijo que es inconstitucional el bloqueo, cuando su origen no se emite en cumplimiento a una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual, se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras.
