Seamos serios: la responsabilidad de la seguridad pública es una tarea que compete a los tres órdenes de Gobierno.
Así lo prevé el artículo 21 de la Constitución Política, cuando señala que: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.
Entonces, si la Ley Suprema del país es tan clara y tan contundente en ese tema, ¿por qué esa necedad de los gobiernos de aventarse la pelotita unos con otros cuando se dan situaciones violentas, de escándalo, como la ocurrida recientemente en Reynosa, ¿dónde un comando ejecutó a 19 personas, muchas de ellas inocentes?
La respuesta parece obvia: ninguno de los gobiernos quiere cargar con el costo político que representa ese tipo de masacres.
Lo más fácil para los gobiernos es desmarcarse de los acontecimientos porque con ello se quitan de encima la presión social.
Pero déjeme le digo que no se trata de nada nuevo. Alguna vez le he platicado aquí mismo, que durante los primeros 18 años en la actividad periodística los ejercí cubriendo la fuente de policía. La policiaca, le dice coloquialmente la sociedad.
El punto es que, desde aquellos años (hace más de 35) que inicié como reportero, ya era cosa normal que los gobiernos, sobre todo el estatal y el federal, se aventaran la pelotita de los hechos criminales que más indignaban a la sociedad.
El estado siempre buscaba argumentos jurídicos para dejarle a la federación la responsabilidad de investigar y resolver algún asunto de mucho impacto social, ya sea por el número de víctimas o por el entorno en que había ocurrido el episodio de violencia, sobre todo cuando era evidente la mano del crimen organizado.
En vez de avocarse a investigar los hechos, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se apresuraba en acreditar jurídicamente que el caso entraba dentro de la competencia de su par federal. Lo peor es que, no eran pocas las veces en que la Procuraduría General de la República (PGR) rechazaba la competencia y regresaba el expediente a la instancia estatal.
Pues bien, a casi cuatro décadas de distancia hoy vemos que nada ha cambiado: las instancias responsables de la investigación y persecución de los delitos siguen en las mismas de aventarse la pelotita unos a otros. Lo estamos viendo con los hechos de Reynosa.
Lamentable que eso suceda porque lo deseable sería que los tres órdenes de Gobierno se unieran en uno solo para dar los resultados que la sociedad reclama. Eso es lo que la población quiere.
¿Por qué mejor no conforman grupos especiales de policías, ministerios públicos y peritos, para hacer un trabajo conjunto que responda a la demanda de justicia de las familias de las víctimas?
¿Por qué no implementan operativos especiales para ponerle un dique a la narcoviolencia?
Eso sería mucho mejor que andarse queriendo quitar de encima responsabilidades. Ojalá y algún día, no muy lejano, podamos verlos trabajando como uno solo.
EL RESTO.
VENTAJOSO. – Tras la masacre ocurrida en Reynosa, el senador de Morena, Ricardo Monreal, se apresuró a señalar que lo sucedido es causa de la indefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
¿Es en serio, don Ricardo? ¿Ustedes, los morenistas, que tanto critican que se medre políticamente con la tragedia, haciendo lo mismo en Reynosa?
Nada tiene que ver el asunto del desafuero con los hechos de violencia en el municipio de Reynosa. Y usted lo sabe, pero no se aguantó las ganas de querer atizarle a Tamaulipas con ese tema, como si los tamaulipecos fuéramos incapaces de darnos cuenta de sus intenciones.
ASI ANDAN LAS COSAS.
