Washington.- El fiscal general Merrick Garland prohibió formalmente el lunes a los fiscales federales incautar los registros de periodistas en investigaciones de filtraciones, con limitadas excepciones, revirtiendo años de política del departamento.
La nueva política codifica en gran medida el compromiso que Garland asumió en junio , cuando dijo que el Departamento de Justicia abandonaría la práctica de confiscar los registros de los reporteros en las investigaciones de filtraciones. Su objetivo es resolver un problema políticamente espinoso que durante mucho tiempo ha molestado a los fiscales del Departamento de Justicia que intentan sopesar los derechos de la Primera Enmienda de los medios de comunicación con el deseo del gobierno de proteger la información clasificada.
Pero el memorando deja en claro que los fiscales federales pueden, en algunos casos, confiscar los registros de los periodistas, incluso si se sospecha que los reporteros trabajan para agentes de una potencia extranjera u organizaciones terroristas. También existe una excepción para situaciones de riesgo inminente, como secuestros o delitos contra niños.
Garland se movió a actuar luego de una protesta por las revelaciones de que el departamento durante la administración Trump había obtenido registros pertenecientes a periodistas de The Washington Post, CNN y The New York Times como parte de las investigaciones sobre quién había revelado secretos del gobierno relacionados con la investigación de Rusia y otros asuntos de seguridad nacional.
Otros cuyos registros se obtuvieron fueron miembros del Congreso y su personal y el ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn.
El anuncio de Garland se produjo después de que el presidente Joe Biden dijera que no permitiría que el Departamento de Justicia confiscara los registros telefónicos y correos electrónicos de los periodistas, calificando la práctica de “incorrecta”. Desde entonces, Garland y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia se han reunido con representantes de organizaciones de medios de comunicación, y ambas partes acordaron sobre la necesidad de nuevas políticas departamentales. Garland también ha dicho que apoyaría la legislación federal para agregar protecciones adicionales para los periodistas.
La medida fue elogiada de inmediato por los defensores de los medios.
“El fiscal general ha dado un paso necesario y trascendental para proteger la libertad de prensa en un momento crítico”, dijo Bruce Brown, director ejecutivo del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. “Esta nueva política histórica garantizará que los periodistas puedan hacer su trabajo de informar al público sin temor a la intromisión del gobierno federal en sus relaciones con fuentes confidenciales”.
Las investigaciones sobre fugas han desafiado durante mucho tiempo a los funcionarios del departamento, lo que ha resultado en cambios de política en la última década, así como en el rechazo de los grupos de medios contra la invasión del gobierno en su trabajo.
El fiscal general del presidente Barack Obama, Eric Holder, anunció directrices revisadas para las investigaciones de filtraciones después de un alboroto por acciones consideradas agresivamente intrusivas a la libertad de prensa, incluida la incautación secreta de registros telefónicos de reporteros y editores de Associated Press.
Jeff Sessions, el primer fiscal general del presidente Donald Trump, anunció en 2017 una ofensiva contra las filtraciones luego de una serie de revelaciones durante la investigación sobre la interferencia electoral rusa.
