Ciudad de México.- Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la docena de fabricantes de armas que fueron demandados en Estados Unidos por el gobierno mexicano tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasionan.
“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente”, señaló la dependencia en respuesta a la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés), que ayer rechazó en un comunicado los procedimientos legales que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas.
La SRE manifestó que casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre el 70 y el 90 por ciento de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos.
Los demandados incluyen a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.
“Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México”, aseveró la SRE.
Además, las empresas demandadas utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas; diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal; y saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal.
Pero, para el gobierno mexicano, los demandados desafían las recomendaciones hechas por sus propias autoridades, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México, porque se benefician de él.
Los demandados producen más de 68 de esas armas traficadas de origen estadunidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EU hacia criminales al sur de la frontera.
La SRE puntualizó que la demanda del gobierno mexicano no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable “en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para abstenerse de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares; sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense, cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México y no dirigir su publicidad a grupos delictivos”.
En el litigio “se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, de acuerdo con la SRE.
