El pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, quitó el fuero al diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pueda proceder en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual.
En un acto en el que no estuvo presente el acusado, se avaló el dictamen de la Sección Instructora por 447 votos a favor, así como dos abstenciones por parte de los morenistas Agustín García Rubio y Paola Tenorio Adame.
Al inicio del juicio, Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de delitos de género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aseguró que existen pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas, para quitar el fuero a Saúl Huerta.
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Entre ellas, destacó, cuentan con estudios de genética forense “con resultados positivos en amilasa salival y obtención de perfiles genéticos en prenda íntima de la víctima”, además de pruebas en materia química “identificando la presencia de etanol en la muestra biológica recabada a la víctima”.
La funcionaria capitalina recordó que Huerta Corona enfrenta dos denuncias por abuso sexual, el primero sobre un caso ocurrido el 30 de julio de 2019 en contra de un adulto mayor de 18 años, y el segundo el 21 de abril de 2021 contra un menor.
En ambos episodios, señaló, el inculpado “aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriendo a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos, y la del encargo como diputado federal ya que les ofreció que lo acompañaran a la ciudad de México con el pretexto de que conocieran este recinto”.
Borbolla Moreno agregó que también cuentan con pruebas en materia de psicología que permiten establecer que las víctimas presentan sintomatología asociada en violencia sexual relacionada a los hechos que se investigan, incomodidad, sospecha, temor a represalias, culpa, impotencia, enojo, recuerdos recurrentes, evitación, decepción, desconfianza, y asco, entre otras.
También se cuenta con entrevistas a las víctimas y a los policías que intervinieron en el momento de los hechos, la identificación del vehículo relacionado con los hechos, y otros dictámenes periciales.
La defensa de Saúl Huerta, a cargo de Pavel Arenas Landgrave, aseguró que la acción presentada por la FJGCDMX carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Huerta Corona.
“Todo lo que ahí se derive, por aberrantes que pudieran ser los elementos del tipo que se están imputando, tienen que tener un principio constitucional del debido proceso, se debe garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley”, expresó.
Otro de sus abogados, Juan José Salazar Hernández, insistió: “El debate no es si incurrió o no en el delito que se le imputa, no es si hizo o deshizo. Hay elementos de la carpeta que se han filtrado a los medios lo que ha ensuciado el proceso porque han generado un linchamiento mediático en contra de nuestro defenso, eso es violación al principio de la presunción de inocencia”.
Al defender el dictamen, el diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora aseguró que el proyecto se apegó al principio de legalidad, sin interés político y sobre la base presentada por el Ministerio Público y la defensa del imputado, por lo que solicitó que “la respuesta moralmente correcta es decir sí a la solicitud”.
Por su parte, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, recordó que México ocupa el primer lugar en abuso en contra de niñas, niños y adolescentes, con 5.4 millones de casos por año de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Señaló que hasta el momento “el actual gobierno no ha sido capaz de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, principalmente de las niñas y niños”, por lo que adelantó que su bancada votaría a favor de desaforar a Huerta Corona.
Además de Morena y el PRD, también avalaron el dictamen las bancadas del PRI, PAN, PT, PES, y MC. Tras el desafuero de Huerta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe solicitar la captura ante un juez de control, quien judicializará el caso y determinará si procede la orden de captura o no.
