Ciudad de México. Hacienda presentará querellas contras los 100 principales clientes de las 43 factureras que fueron señaladas el año pasado por facilitar un fraude al fisco por 55 mil 125 millones de pesos, informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación. Agregó que en su área también está el presunto fraude el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de 5 mil millones de pesos.
Sin dar nombres de los clientes de la red de factureras, exhibida el año pasado, dijo que los casos a denunciar por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación —como defensora de los intereses de la Secretaría de Hacienda— van contra grandes contribuyentes que hasta el año pasado siguieron usando estos esquemas para defraudar al fisco y lavar dinero.
En junio del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de 43 empresas factureras relacionadas entre sí, que –de acuerdo con el análisis de 22 millones de facturas— dieron servicio a mil 202 entre personas físicas y morales, a través de la simulación de 93 mil millones de pesos.
Durante un congreso sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, convocado por Thomson Reuters, el procurador fiscal informó que se presentarán las denuncias correspondientes también a los clientes que adquirieron facturas en 2020 y 2021, cuando aplica la reforma contra evasión fiscal.
Algunos nombres de presuntos beneficiarios de esta red de 43 factureras se filtraron el año pasado, pero parten de una investigación que tuvo como eje 2017. En ellos no necesariamente aplican las querellas, porque es a partir de 2020 que la defraudación se considera delito grave.
Durante la conferencia, el procurador fiscal consideró que la reforma que pena la evasión fiscal “ha sido un éxito”; sobre todo a la luz de 170 mil millones de pesos más que el fisco percibió el año pasado, en medio de una caída “terrorífica” de la actividad económica.
Esto se debe a que la reforma tiene dos efectos, uno persecutorio y el otro inhibitorio, consideró. Al ver los primeros acuerdos reparatorios de empresas como Walmart, IBM, FEMSA —por mencionar algunos— que se pusieron al corriente en lugar de llegar a un juicio con Hacienda, muchos otros causantes se regularizaron.
Sin dar nombres, también recalcó que en el caso de subcontratación “el tema es muy delicado”, pues sumado a la evasión fiscal puede llevar a alguien a 13 años y medio de prisión. Gin Group, la mayor firma de subcontratación hasta hace unos meses tiene dinero congelado, y su dueño, Raúl Beyruti, está prófugo de una acusación formal por lavado de dinero por al menos 20 mil millones de pesos.
