Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cerca de cien concesionarios de Uber y Didi, bloquearon una de las principales avenidas de esta ciudad a la altura de la casa de gobierno, como reacción a los operativos que inició la Secretaría de Transporte para verificar el pago de 9 mil pesos que tiene que cubrir cada unidad por el servicio de ‘Transporte ejecutivo’.
Después del decomiso de al menos 20 unidades en Ciudad Victoria y Tampico, por parte de las autoridades de seguridad y transporte público, se confirmó que estas acciones se extenderían a otras ciudades del Estado para regular el transporte ejecutivo que ofrece Uber y DiDi.
Tanto en Tampico como en Ciudad Victoria, los concesionarios reaccionaron ante la acción de la subsecretaría de Transporte quien descartó que exista una acción arbitraria o de abuso de poder.
Los funcionarios, dieron a conocer que las unidades ejecutivas que circulan a base de plataformas digitales, deben contar con una “constancia de registro” como parte de las medidas para regular la prestación del servicio de Uber y DiDi en Tamaulipas.
De acuerdo a la Ley de Transporte Público en Tamaulipas, en su articulo 35 fracción V, cada unidad que de el servicio de taxi ejecutivo a través de las plataformas digitales, debe cubrir el pago de la “constancia de registro” correspondiente a 101 Unidades de de Medida y Actualización -UMA- que hoy representaría un costo 9 mil 051 pesos y pagarse en las oficinas fiscales.
El 30 de agosto del 2019, el entonces Diputado Luis René “El Cachorro” Cantú Galván, actual Presidente del PAN en Tamaulipas, presentó una iniciativa para abrir la puerta al “Servicio del Transporte Ejecutivo” a través de las plataformas tecnológicas, proponiendo reformar y adicionar la Ley del Transporte Público en el Estado.
Posteriormente, el 15 de Diciembre del 2020, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel, rechazó aplicar este impuesto por “ser muy alto” y sin pasar por alto que, a nivel nacional, ya les aplican una carga fiscal a estas plataformas de Uber y Didi para quienes se registran.
La legisladora consideró que, hay personas que están viendo como un empleo, manejar un vehículo como transporte y aplicar un impuesto de ese tamaño los va a dañar. “Al menos deben darles facilidades de pago, porque ellos buscan llevar un sustento a su casa”, dijo en ese momento la legisladora.
Hoy, la reacción de los concesionarios, fue bloquear una de las principales avenidas de esta ciudad, a la altura de la casa de Gobierno, por el alto costo que se impuso por la 64 Legislatura del Congreso del Estado y que el 30 de septiembre terminará su periodo.
La calle del 8 fue cerrada con cerca de 100 unidades y las negociaciones con el Estado se pusieron en marcha en el tercer piso del Palacio de Gobierno cerca de las 17:00 horas.
