Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La seguridad personal para los ex gobernadores y ex funcionarios relacionados con los temas de seguridad en Tamaulipas, durará el tiempo que hayan permanecido en el cargo y podrá prorrogarse en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten, señala una iniciativa con proyecto de decreto que presentó el diputado Florentino Sáenz Cobos.
Con ello, el Congreso de Tamaulipas, dio entrada a la iniciativa para elevar el “rango constitucional”, en el otorgamiento de medidas de seguridad y protección previstas para servidores y ex servidores públicos.
“Esta aplicará cuando por las funciones de su cargo, se encuentren en situación de riesgo o bien que al momento de concluir el cargo, subsista el riesgo que les dio origen o que en razón de las funciones realizadas, al momento de causar baja, las requiera”.
Sáenz Cobos, diputado del PRI, propuso al pleno adicionar un segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Ahora, se establecerá que por motivos de su cargo, “es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretario General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscal General de Justicia”.
También se contempla dar seguridad a las familias de los funcionarios y ex funcionarios que hayan estado en esas áreas.
Para ello, señala la iniciativa, el Estado va a garantizar las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su encargo.
Aunado a ello, se establece que la seguridad para los ex funcionarios, la protección durará el mismo periodo que estuvo en el cargo y podrá ser prorrogable, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.
Dentro de la exposición de motivos, el legislador consideró que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, lleva un riesgo para la seguridad personal, la salud y la vida de los funcionarios públicos.
Además, estas medidas se están generando después de una atención especial que ha tenido el combate a la inseguridad pública.
“El otorgamiento de medidas de seguridad y protección a servidores y ex servidores debe ser concebida como necesidad institucional. Un beneficio otorgado por el Estado y en favor del Estado”.
