Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno Federal debe reconsiderar que la “carta porte”, que se exige a los transportistas, vaya anexada a los bienes o servicios que se trasladan porque pone en riesgo la vida de los choferes del transporte.
La “carta porte” es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional y revela cada artículo que se transporta y su valor. El complemento de Carta Porte, entró en vigor el 1 de junio de 2021 y será obligatorio 120 días naturales posteriores, siendo la fecha límite para su implementación el día 30 de septiembre de 2021.
Lo anterior, está resultando complejo para los propietarios de la mercancía, intermediarios o agentes de transporte y transportistas, como los socios de la Canacar y la Conatram, quienes han solicitado mayor flexibilidad en el tema.
Para ello, la diputación permanente aprobó un exhorto a propuesta del Diputado Javier Garza de Coss, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconsidere que la Carta Porte, vaya anexada a los bienes o servicios que se trasladan.
Garza de Coss, expuso que el exhorto, es para que el Gobierno Federal a través de la SHCP “reconsidere las disposiciones que debe contener la carta porte, toda vez que las mismas resultan inoperantes y perjudiciales para los transportistas y consumidores”.
Mencionó que el simple hecho de que la carta porte forme parte de la carga que se transporta, es de mucho peligro para la vida de los operadores, ya que las carreteras del territorio nacional, carecen de la más elemental seguridad.
“Viajar con un documento que revele información sensible, pondría en riesgo la integridad física de los operadores, además la corrupción resulta evidente, ya que determinadas autoridades que patrullan las carreteras federales, tienen como objetivo principal extorsionar a los transportistas”, manifestó.
Garza de Coss precisó que las multas por la no emisión del citado complemento, son sumamente altas, al grado que de faltar alguno de los casi 100 datos que debe contener, el costo puede exceder el ingreso total del transportista por el servicio prestado, ya que van desde 17 mil 20 hasta 93 mil 330 pesos para personas morales, y lo que es peor, hasta la clausura preventiva del establecimiento.
