Ciudad de México.- Luego de que se dio a conocer en varias columnas de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), usuarios en redes sociales lanzaron la petición “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”, en la que de forma tajante exigieron “el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana”.
En la petición, lanzada a través de la plataforma Change.org, se describió que “la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales” de autoridades del Conacyt durante la administración pasada que estuvo encabezado por Enrique Peña Nieto.
Álvarez-Buylla llegó desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador al Conacyt. En 2019, el Conacyt dejó sin recursos al Foro.
En ese momento, el Consejo informó que tomó la decisión de dejar sin recursos al Foro, pues “tras una consulta puntual realizada por el Conacyt a la Secretaría de la Función Pública (…) informamos que el Conacyt no se encuentra obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico pues se trata de una asociación civil, esto es, una persona moral de derecho privado”.
Esto a pesar de que la Ley de Ciencia vigente en ese año, en su artículo 38 dictaba que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarios para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Para 2020, el Conacyt cambió su reglamento interno y ello implicó la desaparición de la figura del Foro como un organismo de asesoría autónoma. Aunado a ello, el Conacyt creó un segundo foro.
Sin embargo, a la par de esos movimientos, las cuestiones legales continuaron y el pasado 14 de julio se llevó a cabo la “Sesión remota de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, en la que el asunto fue sobreseído (suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia).
“La defensa legal de las 31 personas involucradas en la acusación se vio apoyada por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde su creación en el año 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020”, se lee en la petición.
Pese a esa sentencia, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, de acuerdo con las columnas publicadas, solicitó al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” la orden de aprehensión por uso de fondos “de procedencia ilícita” en contra de las 31 personas acusadas.
“La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”, señala la petición.
“La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigaciones FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/0000222/2021, para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que durante casi 20 años fue la más alta instancia asesora del la Presidencia de la República en estos campos. Decenas de exintegrantes de ese órgano han sido acosados por policías federales en su domicilio, y varios de ellos se han amparado para evitar lo que consideran una desorbitada venganza de un servidor público”, escribió Roberto Rock en la columna que publicó este martes en EL UNIVERSAL.
El lunes, Raymundo Riva Palacio en El Financiero dio a conocer los datos sobre las investigaciones en contra de los miembros de la comunidad científica.
