Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Diputados del PAN propusieron reforma para eliminar el candado que prohibe reelegir al Fiscal General de Justicia y de paso, en caso de darse la remoción, deberá ser votada por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso del Estado.
Dentro de la exposición de motivos que hacen los legisladores de la fracción del PAN, sobre los cambios en la figura del Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, es que además, su titular podrá desempeñar sus funciones de forma autónoma e independiente “a los vaivenes cíclicos de la política electoral, o al contentillo de mayorías pasajeras”.
En la iniciativa de reforma Constitucional, se propone eliminar el impedimento para buscar la reelección del titular de la Fiscalía General que actualmente, fue nombrado para estar en el cargo por siete años.
Se crea además, el mecanismo de ratificación de la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado por la misma “mayoría calificada” del Congreso del Estado que designó al propio Fiscal General, “a fin de evitar una decisión política fundamental del Congreso y pueda ser desandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple en el pleno”, se expone.
Los legisladores, proponen además la homologación para la remoción de los Fiscales Especializados al de remoción del Fiscal General de Justicia, a fin de dotar de la misma autonomía al conjunto de órganos que integran las Fiscalías, el Consejo de Fiscales y el Consejo Estatal de Política Criminal.
En los cambios constitucionales que se proponen, serán para dotar de certeza y estabilidad a la naciente Fiscalía General de Justicia del Estado, sus Fiscalías Especializadas, “con rango constitucional”.
Sobre la posible remoción para el Fiscal General, se mantiene el que esta, solo podrá ser removido por el Ejecutivo, únicamente por las causas graves que establezca la Ley.
Pero se especifica que “la remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado”.
Se añade que “en caso de negativa o vencido el plazo, el Fiscal General permanecerá en el cargo y no podrá ser removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”.
