La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que tutela Mario Gómez Monroy, está nuevamente en el ojo del huracán por el escándalo generado con el reciente reparto de plazas de educación. Filtraciones emanadas desde la misma dependencia, sostienen que los nombramientos recayeron en personajes cuyo único mérito fue la cercanía con las instancias de poder y no por experiencia y antigüedad, como debería ser.
El hecho es para preocuparse. Sí. Sobre todo, porque se afecta a trabajadores que llevan años esperando una oportunidad de mejora en su actividad laboral, mediante la asignación de una plaza que, además de mayor certeza legal les mejore sus ingresos económicos.
Sin embargo, lo más preocupante de todo esto es que deja al descubierto que, de muy poco sirvieron los candados que se le pusieron a la ley de educación para acabar con este trafique de plazas laborales.
Cuando se aprobó la reforma educativa se nos dijo a los ciudadanos que aquella práctica del manejo discrecional de los espacios laborales en el sector educativo quedaría erradicada por completo.
“Ya no será posible que se venda, se regale o se herede una plaza. Los mecanismos para asignar esos espacios son muy rigurosos” fue uno de los argumentos que tanto se difundieron en el discurso oficial.
Hoy vemos que nada de eso es cierto. Igual que antes, las plazas se entregan a conveniencia de quienes tienen bajo su responsabilidad el sistema educativo del estado.
De acuerdo a las denuncias anónimas que circulan en redes sociales, los espacios laborales han sido asignados a familiares, esposas, novias o amigos de quienes tienen facultades para entregarlos. Es igualito o peor que lo sucedido en el pasado.
Ayer mismo, el secretario general de la sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, informó, a través de un comunicado, que la organización sindical frenó el proceso de asignación de plazas a directivos que realiza la SET, al detectar serias irregularidades.
“Nosotros no tenemos compromiso, en lo laboral siempre hemos demandado la acción y el derecho en favor de la base trabajadora” dijo al anunciar que exigirán transparentar la entrega de las vacantes.
Detalló que la SET escondió vacantes y benefició a comisionados que no habían solicitado y presentado el examen correspondiente.
Qué bueno que el SNTE pinte su raya, porque tampoco es desconocido que en el pasado también estuvo implicado en el escandaloso trafique de plazas.
La posición de reclamo y descalificación que asume el dirigente magisterial es oportuna, porque haberse quedado callado hubiera significado no solamente avalar la transa, sino que, frente al ojo ciudadano, hubiera levantado sospechas de complicidad.
Esperemos que al final de todo, cuando se concrete la asignación de las vacantes, se transparenten los nombres de los beneficiarios para que no quede ninguna duda de que quienes las recibieron fueron quienes realmente las merecían.
Por lo demás, ojalá y que se diseñe un mecanismo legal o reglamentario para evitar que la historia se repita la próxima vez que tengan que repartirse otros espacios laborales. En ello, el SNTE, en calidad de defensora de los derechos de los trabajadores de la educación lleva mano. Es el más obligado a dar ese paso.
EL RESTO.
“LAGUNOTA”. – En las prisas por construirle un blindaje constitucional al fiscal general de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, se dejó una enorme laguna legal que en su momento deberá ser eliminada.
Resulta que, al artículo 125 Constitucional se eliminó el impedimento para que el Fiscal pueda ser reelecto, pero no se especificó hasta cuantas veces podría alcanzar la reelección.
En ese entendido, don Irving podría pasarse toda la vida en el cargo y no habría forma de evitarlo por ninguna vía legal.
Que alguien explique, por favor.
ASI ANDAN LAS COSAS.
