Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas el Congreso del Estado debe legislar para inhabilitar a todos los funcionarios públicos obligados que oculten información o se nieguen a informar de acuerdo a lo que establece la Ley de transparencia, propuso Humberto Rangel Vallejo, Presidente Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itait)
“Los funcionarios que incurran en la opacidad deben ser inhabilitados, que sea un proceso en donde el ciudadano pueda actuar directamente para defender sus derechos en materia de transparencia”.
Rangel Vallejo, dio a conocer que la Ley actualmente contempla una sanción económica de hasta de 268 mil pesos como tope máximo y se aplica cuando hay una reincidencia o se niegan a cumplir el mandamiento que imponen los Comisionados en las sesiones.
Dijo entonces que los diputados de la 65 legislatura, deben fijar como sanción la inhabilitación del funcionario cuando violente las disposiciones normativas en materia de transparencia.
El Comisionado Presidente, informó que algunos Estados de la República, ya contemplan la sanción y les ha dado resultados para que, los sujetos obligados, entreguen la información que por ley solicita el ciudadano.
Cabe señalar que en el caso de Tamaulipas, se han aplicado sanciones y multas económicas a líderes de partido, gerentes de Comapas, responsables de las áreas de transparencia y Presidentes Municipales. Incluso la ex alcaldesa Maki Ortiz se le aplicaron el tope máximo de multas y aunque se inconformó ante un juez federal, la autoridad le dio la razón al ITAIT.
Agregó que, a pesar de las sanciones existentes, aún existe resistencia por parte de sujetos obligados para entregar información.
Una muestra de que el ITAIT está obligando a los funcionarios a entregar información pública es que, quienes se han negado han tenido que pagar multas al grado de que en el 2020 en año de pandemia, se aplicaron sanciones por 500 mil pesos y en 9 meses hay sanciones aplicadas por 700 mil pesos.
“Se trata de multas que paga el servidor público de su bolsillo. No es dinero que salga del erario público. La Secretaría de Finanzas se encarga de cobrar el recurso”.
Rangel Vallejo, justificó que las medidas radicales, aunque permitidas por la Ley, las han aplicado para hacer cumplir los derechos de los ciudadanos que exigen la información a los entes obligados.
Solo en el 2019, añadió, el ITAIT recibió apenas 132 denuncias contra servidores públicos que se negaron a entregar información que los ciudadanos solicitaron, pero en 2020 sumaron siete mil las denuncias y 680 recursos de revisión.
Mientras que en lo que va en el 2021, el Instituto ha documentado 3 mil denuncias y alrededor de 300 recursos de revisión.
“Eso refleja también que cada vez hay más personas que usan su derecho a la información” destacó.
