Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Cuenta Pública del 2020 al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (Cobat), revela “un uso dudoso” de 70 millones de pesos en el pago de salarios a personal y profesiones, señala un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Pidió aclarar las observaciones que se arrojaron en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020.
En la “ Auditoría de Cumplimiento 2020-E-28003-19-1379-2021 del año fiscal 2020” que se encuentra en la página oficial de la ASF, se menciona que en la revisión de los gastos realizados por el Cobat sumaron 191 millones 361 mil pesos.
De estos recursos, la Auditoría Superior de la Federación señala que en el 36.6% equivalen a los 70 millones 57 mil pesos mencionados.
“Se generó un probable daño a la Hacienda Pública al realizar pagos a de profesor asociado B el cual no se ajustó al número de plazas autorizadas”, se expone.
También se justifica la observación de la ASF a los Cobat de Tamaulipas en el que se precisa que “por realizar pagos en la categoría EH4625, denominada “Profesor asociado B”, la cual no se ajustó al número de plazas autorizadas, en contravención del acuerdo al Anexo B denominado “Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero”.
Detalla que el Cobat, pagó nóminas de 19 categorías sin que hubiera una autorización de por medio, lo que en total representa los 70 millones de pesos que se pidió aclarar.
“El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas” indica el dictamen de la auditoría.
Una irregularidad adicional que se expuso en el documento de la ASF, son los pagos que se hicieron en 19 categorías que carecieron de autorización.
Por estos hechos la ASF realizó observaciones que derivaron en acciones que se enviaron al órgano de control.
“El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos” agrega la auditoría.
