Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio entrada a un recurso de Inconstitucionalidad, y estudiará las Reformas que aprobó la Legislatura anterior, sobre la aplicación del “Gasto Público”, la “Inmovilidad de Fiscales”, lo que se conoce como “Ley guarura” pero también se incluye revertir la incorporación de los Alcaldes al procedimiento de modificar la Constitución Local.
Esta ruta legal para frenar las últimas reformas aprobadas entre julio y septiembre de este año, que de paso, buscaría eliminar el que la mayoría de los Ayuntamientos avalen cada reforma constitucional aprobada en el pleno del Congreso, fue presentada primero por los Legisladores de Morena a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pero en su calidad de “diputados electos”.
Hasta esta etapa, el Congreso de Tamaulipas, no está participando en esa solicitud ante la Corte, los diputados solicitaron al Consejero Jurídico su intervención, por tener la personalidad de presentar acción o controversias constitucionales y en ese momento, los diputados no tenían esa personalidad para presentar sus recursos.
En la misma Corte, ya está en litigio, el estudio de reformas Constitucionales que incluye la participación de Ayuntamientos como aval de reformas constitucionales que hagan los Legisladores locales de Tamaulipas.
La posibilidad legal que podrían tener los diputados, cualquiera de los dos grupos, en este caso con mayor interés el de Morena, podría lograr las dos terceras partes en el pleno, pero en este momento ninguna de las dos fracciones (PAN y Morena) lo tienen.
Si quisieran hacer alguna reforma, tendrían que tener la mayoría en el Congreso y después la mayoría en los Ayuntamientos, pero este mismo procedimiento, está ya en estudio en la Corte para avalar o rechazar.
Aunado a lo anterior, Morena presentó hace tres semanas, un recurso de inconstitucionalidad para frenar la reforma de “Inmovilidad de Fiscales” (Fiscal General de Justicia, Fiscal Anticorrupción por ejemplo); La Ley Guarura que permite dar seguridad al ex gobernador y ex funcionarios relacionados con el tema de seguridad por un periodo similar al que ocupó en el cargo y con la posibilidad de prorrogar, así como la reforma sobre el “Gasto Público” en el que se permite etiquetar recursos para obras anticipadas desde la aprobación del presupuesto de Egresos.
Los funcionarios del Poder Legislativo consultados al respecto, señalan que, si se destraba el procedimiento que se estableció para las reformas constitucionales, sobre todo el de eliminar el candado de darle vista a los Municipios, cualquiera de los dos grupos (PAN y Morena) que pueda conseguir las dos terceras partes, puede aspirar a que se reforme la Constitución. Actualmente ninguna de las fracciones tiene la mayoría en el pleno; hoy se requiere tener la mayoría calificada y tener la mayoría de los municipios gobernados por sus partidos.
Actualmente está eliminado el candado para que el Fiscal General, pueda ser reelecto por un periodo de 7 años y en este momento va corriendo un primer periodo.
El Fiscal fue designado por primera vez en diciembre del 2018 para un periodo de 7 años, pero se desempeñó desde Octubre del 2016 como Procurador General de Justicia, cuando inició la actual administración.
De tal suerte que Irving Barrios terminaría en el 2025 ( su primer periodo) y tendría derecho a reelegirse por un periodo de siete años más, lo que le permitirá estar en el cargo de Fiscal General 14 años en Tamaulipas (más dos años como Procurador de Justicia entre 2016-2018) y hasta el año 2032 terminaría.
Sobre la “Ley Guarura” , hoy está adicionado, un párrafo en el artículo 19 bis que señala: “Asimismo, con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.
El recurso de inconstitucionalidad sobre el Gasto Público, es para evitar que el ejecutivo pueda contratar obras anticipadas, es decir, hacer contratos plurianuales fijando anticipadamente, las obras, los recursos públicos y el periodo en que se harán las obras públicas o la contratación de servicios a futuro.
