Ya le habíamos adelantado aquí que, la 64 legislatura, de mayoría panista, que terminó su ejercicio el pasado 30 de septiembre, traía “perdidos” alrededor de 30 millones de pesos.
También dijimos que, la “flecha” de la sospecha apuntaba hacia Ana Karen Pozos Zamarripa, en ese entonces directora administrativa del Congreso del Estado, y actualmente responsable de esa misma área, pero en la Contraloría estatal.
Este jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la 65 legislatura, Armando Zertuche Zuani, confirmó el presunto desfalco, y como consecuencia la investigación contra algunos exfuncionarios, encabezados por Pozos.
Zertuche invitó a desayunar a los periodistas de la fuente legislativa, y aprovechó el momento para informarles del resultado de la investigación que derivo del proceso de entrega-recepción entre la legislatura entrante y la saliente. Las evidencias revelan que, los exfuncionarios, y muchos de los diputados de la 64 legislatura, se despacharon con la cuchara grande con el presupuesto. Hicieron valer, y bien, aquello del “Año de Hidalgo”.
Por ejemplo, fueron utilizados 9 millones 600 mil pesos en el pago de un bono de salida a 35 exfuncionarios.
Sin embargo, lo peor de todo es que, de esos 35 exfuncionarios ganones, hubo 11 que se quedaron con el 50 por ciento de esos 9 millones 600 mil pesos, porque se autopagaron bonos equivalentes ¡a 5 meses de sueldo!
No fue revelada la identidad de ese grupo de privilegiados, por aquello de la presunción de inocencia, pero no transcurrirá mucho tiempo antes de que sus nombres se hagan públicos.
También hay 7 millones 500 mil pesos de gastos sin comprobar. Todos los implicados han recibido “llamadas amigables” para que vayan a aclarar el tema. Algunos exdiputados ya acudieron a la dirección administrativa, con sus facturas en mano.
Otra ruta del saqueo estuvo en la contratación de servicios y el pago a proveedores. Al menos eso señala Zertuche.
Por ejemplo, fueron pagados 153 mil pesos para servicio de jardinería, cuando el mismo Congreso del Estado tiene sus jardineros. Lo más grave es que la empresa contratada en realidad se dedica al rubro de computación.
Para mantenimiento a los aires acondicionados fueron pagados cerca de 300 mil pesos. Algo absurdo por cualquier lado que se le vea.
En el colmo del exceso pagaron una factura por 150 mil pesos, por compra de memorias usb.
Ahora lo interesante será saber qué sigue. Zertuche dice que la exdirectora administrativa tiene 30 días para aclarar las inconsistencias, y el plazo ya comenzó a correr ya porque, aunque se negó a firmar el oficio de notificación, se dio por enterada a través de un tercero.
Una vez que venza el plazo, y sigan “bailando” parte de esos 30 millones 200 mil pesos, la Contraloría del Congreso del Estado estará en condiciones de iniciar procedimientos administrativos que podrían derivar en denuncias penales.
Será interesante saber si la Jucopo es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Zertuche, su presidente, dice que sí. Nosotros decimos que, quien sabe.
Lo que si es cierto es que los ojos de los tamaulipecos estarán muy al pendiente del resultado de la indagatoria.
De paso, surge obligada una interrogante: Si eso hicieron en nueve meses, ¿qué no habrán hecho en los dos años que duró la legislatura?
EL RESTO.
¿QUIEN ES ANA KAREN POZOS? – Es ingeniero de profesión, y durante al menos tres años de la actual administración estatal panista tuvo bajo su responsabilidad el manejo presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).
Cuando Gerardo Peña Flores dejó la titularidad de la secretaría para asumir como diputado local y presidente de la 64 legislatura, a la primera que se llevó fue a Pozos. Ahí la mantuvo hasta el pasado 30 de septiembre.
Actualmente, es la directora administrativa de la Contraloría del Gobierno del Estado.
Se dice que, es dueña de una residencia con valor de varios millones de pesos en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Ciudad Victoria.
ASI ANDAN LAS COSAS.
