Ciudad de México.- En México opera una fuerza armada particular que, con más de 126 mil integrantes, es casi 25 por ciento más grande que la Guardia Nacional y supera a todos los policías estatales del país. En sus manos tiene 52 mil 910 armas de fuego, casi 10 veces más que las 5 mil 879 que la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó en 2020.
Se trata de 863 empresas privadas de seguridad inscritas en 2020 en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según datos entregados por esta dependencia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en ese año poseían 111 mil 191 elementos operativos y 15 mil 192 trabajadores administrativos y directivos.
Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF hizo una auditoría a la Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para la Prevención del Delito, que está a cargo de la SSPC desde agosto de 2019.
Problemas en regulación
La ASF determinó que, en términos generales, esa dependencia cumplió la ley en la materia; sin embargo, encontró una serie de problemas en procedimientos relativos a su regulación.
La necesidad de normar a estas empresas deriva de diagnósticos elaborados por la SSCP que indican que los prestadores de servicios de seguridad privada que realizan actividades en dos o más entidades federativas operan de manera deficiente en el país, según se explica en la auditoría.
Para 2020, la SSPC estableció y operó el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. La ASF encontró que esta herramienta tiene áreas de mejora, pues la dependencia no pudo demostrar que dicho padrón está actualizado.
De manera general, en las 863 compañías se dispuso de una plantilla de personal de 126 mil 383 personas; en equipamiento se registraron 3 mil 989 aparatos electrónicos, 52 mil 910 armas, 108 perros, 30 mil 320 fornituras, 46 mil 989 radios, 101 mil 666 uniformes y 10 mil 380 vehículos terrestres.
Las entidades que mayores matrículas obtuvieron fueron la Ciudad de México con 287 empresas (33.3 por ciento del total), Jalisco con 144 (16.7 por ciento) y el estado de México con 143 (16.6 por ciento). Así, esas entidades concentraron seis de cada 10 empresas incluidas en el ejercicio fiscal de revisión.
La ASF encontró que también hubo áreas de mejora para que la SSPC consolide su plan anual de trabajo, a fin de que incluya objetivos, metas, indicadores, estrategias, prioridades, asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, y mecanismos de evaluación de resultados, con el fin de regular la prestación de servicios de seguridad privada para prevenir delitos.
Además, consideró necesario que prevea evaluar el cumplimiento de planes y programas de capacitación; hacer informes de incidencia delictiva para la prevención del delito; verificar que los prestadores de este servicio contaron con las autorizaciones respectivas, así como poseer un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de seguridad privada actualizado y llevar a cabo visitas de inspección a las compañías.
