Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los cinco decretos que el ejecutivo propuso vetar al Congreso del Estado, tienen como fondo evitar un impacto en el presupuesto de egresos por al menos 1,507 millones 700 mil pesos y se establece como base que, los legisladores de la 65 Legislatura, no analizaron ni contemplaron los efectos de las reformas y Leyes que aprobaron en el primer periodo de sesiones.
Aunado a ello, el Estado había ‘recepcionado’ el recorte más severo desde la federación en el Presupuesto de Egresos que llegó a los 1,400 millones de pesos dentro del Fone que se utiliza para pagar la nómina de los maestros federalizados y que ahora no los tendrá en el 2022.
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, expone en las iniciativa donde propone vetar el Fondo de Capitalidad, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Gasto Público y la Ley de Hacienda que cancela el cobro del canje de placas que, los Diputados no analizaron el impacto económico que tendría el presupuesto estatal.
Por ejemplo con el Fondo de Capitalidad, el Estado tendría que distribuir al menos 630 millones de pesos en el 2022; se estima que por el reemplacamiento en el 2022, 2023 y 2024 se recabarían al menos 447 millones 700 mil pesos; 400 millones de pesos que tendría que adicionar al Fondo General de Participaciones a los Municipios entre otros gastos.
“Veo con gran preocupación la aprobación del Decreto número 65-107, ya que al modificar la integración sin un previo análisis y discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado impacta de manera directa en el desarrollo de las políticas públicas y programas que con base en el Plan Estatal de Desarrollo se proyectaron para el años 2022”.
Entre las observaciones que hace el mandatario en la Ley de Coordinación Fiscal donde se aprueba que aumentará del 20 al 22% el Fondo General de Participaciones a los municipios y que representa entregar 412 millones de pesos adicionales. El Fondo General representa actualmente 20,617 millones 282 mil 971 pesos.
“Existen violaciones al procedimiento legislativo que implica violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el articulo 1, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Federal, pues ante la falta del estudio de impacto presupuestario, carece de motivación y fundamentación legal”.
Considera que, en cada una de las reformas que hizo el Legislador, “se constituye una flagrante violación a las obligaciones que impone diversos artículos”.
De no existir cambios, el Poder Legislativo deberá recepcionar en el pleno las iniciativas que contiene las Observaciones para vetar las citadas cinco reformas y leyes creadas en la recta final de este primer periodo de sesiones.
