IRRESPETUOSO. -El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Isidro Vargas Fernández, calificó como una falta de respeto al Poder Legislativo la decisión del Ejecutivo estatal de comenzar a cobrar el canje de placas cuando aún no se resuelve el veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, al decreto legislativo que eliminó ese tributo.
Y tiene razón el diputado morenista. No pueden ni deben las Oficinas Fiscales aplicar un cobro cuya vigencia todavía está en el limbo. Será hasta después del 15 de enero, cuando el Congreso del Estado desahogue el procedimiento legislativo para determinar si es procedente o no el veto del mandatario estatal.
Es cierto: parece imposible que Morena evite que el veto del gobernador a la reforma prospere, pero, ¿y si por alguna razón no sucede así y el decreto que elimina el cobro queda firme?
Lo más prudente y sano hubiera sido que aplazaran ese cobro hasta febrero próximo, porque finalmente el plazo que tiene el Congreso del Estado para desahogar el asunto es de 10 días a partir del 15 de enero.
Pareciera que atrás de todo este embrollo hay una intención de buscapleitos por parte del gobierno del estado.
COMO ANILLO AL DEDO. – Desde el primer momento, el fallido allanamiento a las oficinas de gestoría en Reynosa del presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, olía más a un resbalón de fuerzas policiales estatales y no a una cuestión vinculada con el narco o el crimen organizado.
Vale la precisión porque, de bote pronto se llegó a pensar que la mano de la delincuencia organizada estaba atrás de los hechos.
Sin embargo, no es esa la forma de operar de los grupos criminales. Ellos no se andan con amagos o advertencias tibias a la hora de actuar. Los tamaulipecos sabemos bien de eso.
Este miércoles, el secretario de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros Molina, confesó, en un comunicado, que fueron sus muchachos del Grupo de Operaciones Policiales (Gopes), los que intentaron allanar la casa de gestoría del legislador morenista.
Los policías pretextaron que un presunto delincuente, detenido minutos antes, había señalado el lugar como el domicilio de su jefe, y les aseguró que ahí guardaban marihuana y cocaína.
Cuando los elementos del Gopes dieron cuenta de que eran oficinas, se retiraron. Esa es la historia oficial.
Como quiera que sea, el asunto le cayó como anillo al dedo a Morena, por el contexto electoral que vive Tamaulipas. El tema será motivo de ruido político a favor de la causa del partido guinda.
MEMORIA CORTA. – Muchos funcionarios públicos que se ven envueltos en escándalos, le apuestan a la memoria corta de la sociedad para sortear el linchamiento ciudadano.
Es el caso del alcalde morenista de Victoria, Eduardo Gattás Báez, quien,aprovechándose de esa memoria corta de los victorenses, ya dejó de lado el reclamo ciudadano de que aclarara los orígenes de su camioneta de lujo y blindada, que una investigación periodística reveló que estaba a nombre de una empresa propiedad del reynosense Sergio Carmona Angulo, asesinado el pasado 22 de noviembre en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El edil capitalino asegura que adquirió la propiedad del vehículo a través de una operación entre particulares, pero se ha negado a mostrar los documentos que prueben su dicho.
Ha sostenido que no está obligado a probarlo. La realidad es que si tiene esa obligación por su calidad de servidor público. La ley lo obliga a rendir una declaración patrimonial.
El problema para Gattás no es la compra de la camioneta. El problema es que con ese vehículo contradice y pone en entredicho la famosa austeridad republicana que pregona el máximo jefe político de Morena, o sea el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
ASI ANDAN LAS COSAS.
