Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fracción de Morena en el Congreso del Estado abrió un nuevo frente contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al proponer limitar sus facultades en los reglamentos de los Ayuntamientos en Tamaulipas
En la iniciativa de decreto, Morena está considerando proteger la autonomía municipal en relación a su facultad reglamentaria y proponen modificar la redacción del artículo 49 del Código Municipal de Tamaulipas.
Dentro del artículo 49 se faculta a los municipios a expedir reglamentos en materia de bandos de policía y buen gobierno, espectáculos públicos, pavimentación, limpieza, alumbrado público, rastros, mercados y centrales de abasto, panteones, vías públicas, nomenclatura de calles, parques, paseos, jardines, ornato de calles, inspección y vigilancia de construcciones de particulares, salones de baile, juegos permitidos, comercio ambulante, hospitales, casas de cuna, guarderías infantiles, siempre que no sean materia de competencia de otra autoridad.
Pero se advierte que, dentro del Código Municipal se otorgan facultades al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, para que puedan revisar y vetar los reglamentos cuando considere que puedan contravenir disposiciones constitucionales y legales.
Ante ello, se considera que existe una vulneración a la autonomía municipal de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Federal.
Por ello, consideran replantear dicho artículo y “excluir” la facultad de revisión que tienen el Poder Ejecutivo y Legislativo en todas las materias susceptibles de reglamentar con excepción de lo relacionado con la expedición del Bando de Policía y Buen Gobierno.
De avanzar esta iniciativa, se establecerá que es: “prudente y razonable que, en el caso de los bandos de policía y buen gobierno, se mantenga el esquema que actualmente plantea el cuarto párrafo de la fracción 111 del artículo 49 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas”. En relación al resto de las normas municipales que el municipio pueda reglamentar, quedarán excluidos de la facultad de revisión por parte del gobierno estatal y del Congreso local.
