Ciudad de México.- Ante la ola de violencia política en el país, que entre los años 2000 y 2021 ha cobrado la vida de 144 aspirantes y candidatos, las autoridades de todos los niveles de gobierno han sido omisas ante las señales que indican atentados inminentes.
A esto se suma el hueco legal de que, en caso de riesgos, la ley sólo contempla otorgar protección a candidatos con registro, no a precandidatos, que son a quienes más agreden. De acuerdo con la consultora Etellekt, en el proceso electoral del año pasado fueron asesinados 14 candidatos con registro y 22 aspirantes.
“La lógica de los agresores es que los matan cuando son aspirantes o precandidatos porque saben que las fiscalías no los investigan, menosprecian los casos y no tienen medidas de seguridad de protección porque la ley no lo contempla”, alertó Rubén Salazar, director de la agencia especializada en análisis de riesgos.
En entrevista con Excélsior, urgió a reforzar las medidas preventivas de justicia, pues de los 144 asesinatos mencionados, 68% ocurrió en los últimos dos procesos federales.
“No han querido tomar al toro por los cuernos, nadie en general”, indicó.
En el caso de Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec hallado muerto la semana pasada tras haber sido secuestrado, existían alertas previas sobre posibles hechos de violencia contra funcionarios de ese municipio michoacano: a finales de noviembre pasado, tres meses después de la toma de posesión, fueron hallados dos cadáveres embolsados a un costado de la presidencia municipal.
“En la parte preventiva (lo ideal hubiera sido) preguntarle al alcalde ‘Oiga, ¿qué pasó? ¿por qué ocurrió eso? Está usted sobre aviso, está expuesto; le vamos a tener que poner una escolta. Es más, vamos a tener que llevárnoslo’”, dijo.
Señaló que hay cierto matiz discriminatorio en algunos casos porque en otros sí se ha actuado a tiempo. Por ejemplo, a mediados de 2019, cuando Griselda Martínez, entonces alcaldesa de Manzanillo y hoy reelecta, fue víctima de un atentado, la Secretaría de Marina la resguardó en instalaciones navales.
“¿Por qué razón en Contepec no lo hicieron? Es una atención discriminatoria de las autoridades, no sólo federales, sino estatales”, sostuvo.
Según Etellekt, los ataques contra autoridades políticas son característicos de municipios desconectados del mundo, incomunicados políticamente.
“En los ataques a alcaldes, e incluso a candidatos a alcaldías, hasta el día de hoy, en estos últimos 22 años, han matado a un solo alcalde de una capital o centro metropolitano de las 32 entidades federativas”, recordó. Fue el caso de Abel Murrieta, abanderado de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, asesinado en mayo pasado mientras hacía un recorrido proselitista.
“De ahí en fuera el resto de víctimas son de aspirantes a alcaldías que están no solamente incomunicadas en la parte tecnológica, que muchas veces no tienen internet”, abundó.
Para Salazar, esta condición vuelve más vulnerables a los alcaldes de esas zonas del país, ya que al desinterés de la autoridad por protegerlos se agrega que no tienen policías o sus policías tienen muy pocos elementos. Aunque el gobierno federal lleva un monitoreo diario de incidentes, es realizado por marinos que revisan periódicos o redes sociales o incluso por funcionarios de dependencias de todo tipo, lo que está mal hecho, advirtió.
VACÍOS Y SHOW
Consideró que, ante el actual proceso y el panorama de violencia política, debe modificarse pronto la ley electoral ya que sólo prevé medidas de seguridad para candidatos con registro ante sus partidos, no las contempla para precandidatos ni mucho menos para aspirantes. También, destacó, debe procurarse una participación más activa de los fiscales electorales.
Consultado sobre si en el proceso electoral pasado hubo una reacción tardía del gobierno federal con su programa de protección a candidatos, afirmó que el anuncio fue más espectáculo. “En realidad es una actuación que ya está prevista en la ley, no hay nada nuevo en el tintero del gobierno actual”, dijo. Las autoridades que por ley electoral o mandato constitucional son responsables de resguardar la seguridad de los candidatos, explicó, son los institutos electorales, las secretarías de Gobierno, la de Gobernación y las secretarías de Seguridad Pública.
La mecánica ante un riesgo, detalló Salazar, es que los candidatos que perciban alguna situación de amenaza sobre su seguridad personal tienen que notificarlo al INE, en el caso federal, o a los presidentes de los organismos electorales locales, dependiendo del cargo al que aspiren. Hay manuales para determinar si se acredita o no la protección. Si se acredita, se tiene que solicitar protección a los secretarios de Gobernación de Gobierno.
“La medida cautelar corresponde en virtud del riesgo que enfrenta el candidato o candidata: puede ser desde una escolta policial, botones de pánico, incluso refugio y a veces apoyo económico. Digamos que esto lo establece la ley, en realidad no hay nada nuevo; está bien que lo anuncien y lo hagan público porque de alguna manera es un aviso de que se va a poner en marcha esta estrategia, o más bien de que se va a aplicar la normatividad”, señaló.
Salazar urgió a que den más atribuciones a las fiscalías electorales ante amenazas o ataques a candidatos o precandidatos: “En estos actos de violencia, que son delitos penales, digamos: homicidios amenazas, etcétera, no son concebidos como delitos electorales; entonces, se hacen de la vista gorda, realmente quedan los casos formando parte de la competencia de la Fiscalía General como cualquier delito, pero la mayor parte quedan impunes.
Explicó que hay una desconexión entre lo que es el derecho penal y el derecho político-electoral.
“Por ejemplo, van y amenazan de muerte a una candidata. Muchas veces no denuncia por temor y cuando lo hace, no tiene pruebas o no tiene forma de comprobar la conducta. Sí hay mecanismos en materia político-electoral para denunciar el hecho como violencia política, siempre y cuando tú puedas acreditar, como víctima, en primer lugar, que te amenazaron por un motivo político. Cuando es por motivos de género, que te amenazaron por ser mujer, casi por lo general las víctimas no pueden acreditar las razones. Entonces ni siquiera en lo penal las fiscalías son capaces de investiga”, apuntó.
Ante esto, lamentó, no puede haber justicia ni en la parte penal ni en la parte electoral.
“Es realmente terrible porque pensamos que la democracia se define en las urnas y hace medio año agredieron a más de mil 66 candidatos, fue lo que dimos cuenta. No es cualquier cosa y la mayor parte de ellos perdió. Más de 70% perdió en las urnas. ¿Podemos decir que hay democracia cuando en la campaña o antes se le impide a alguien el derecho a participar y obtener un cargo amedrentándolo, amenazándolo o matándolo?”, cuestionó.
El dato
Escenario
En los primeros 38 meses del actual sexenio fueron asesinados 15 alcaldes y alcaldesas; la cifra es 114% mayor a la registrada en el sexenio de Calderón.
Emiten alerta por Tlaxcala
Aunque este año Tlaxcala no tiene comicios, Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, advirtió sobre eventuales hechos de violencia política en la entidad, que el año pasado tuvo alternancia en el poder.
Detalló que el hallazgo, a finales de 2021, del cuerpo de Omar Milton López Avendaño, exdiputado local del PAN, es un indicio de que las autoridades locales están expuestas a situaciones de inseguridad.
“Pensamos que pueda haber atentados mortales contra alcaldes en Tlaxcala”, afirmó. El ex legislador, quien se desempeñaba como director de la Comisión de Agua Potable del municipio de Apizaco, fue hallado la tarde del 24 de diciembre dentro de una unidad deportiva en la comunidad de Tizatlán.
Su cuerpo estaba mutilado.”Es una alerta que le compartimos al gobierno federal y ojalá que esté a tiempo de ir a platicar con ellos (alcaldes), de ir a investigar qué está pasando y de impedir que la historia se vuelva a repetir”, apuntó Salazar.
