Una de dos: o el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, es muy ingenuo, o de plano cree que los victorenses lo somos.
Y es que, desde que inició su administración, el uno de octubre pasado, se la ha pasado engañándonos.
En campaña nos había dicho, con insistencia, que en caso de convertirse en el presidente Municipal, los problemas de Victoria se acabarían. Presumió que, como el gobierno federal es de Morena, el mismo partido al que él pertenece, la capital tendría asegurados presupuestos extraordinarios, y con ello la capital saldría del atraso en que la sumieron los gobiernos anteriores.
Ni una cosa ni otra. Victoria sigue padeciendo los mismos problemas. Sus calles siguen destrozadas, incluyendo aquellas que son emblemáticas de la ciudad.
Los servicios de basura y alumbrado siguen por los suelos, y el desabasto de agua definitivamente continuará siendo una pesadilla para miles de familias porque ya no le metieron mano. Tan pronto y comience el verano, y con ello lleguen las altas temperaturas, vendrá el sufrimiento para quienes, año tras año, resienten ese calvario de no tener agua ni para cubrir las más elementales necesidades.
Esa fue una de sus primeras mentiras.
Luego vino otra, con el escándalo por la flamante camioneta, Tahoe, blindada, con valor estimado de casi dos millones de pesos, que comenzó a utilizar tan pronto asumió el cargo, poniendo en entredicho aquel principio de austeridad que tanto presume Morena y su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando le descubrieron que la camioneta estaba a nombre de una empresa copropiedad de los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo, el primero de ellos financiador de campañas políticas de algunos morenistas y bajo investigación por huachicoleo, el edil se refugió nuevamente en el embuste.
“Fue una operación de compra-venta entre particulares”, aseguró, y cuando le pidieron pruebas de ello, dijo que: “No estoy obligado”. Y de ahí no se ha salido, ni siquiera después de que Sergio Carmona fue ejecutado en Nuevo León, al más puro estilo del crimen organizado. Cada que le han preguntado sobre el tema, ha sostenido el mismo discurso.
Gattás es abogado y sabe perfectamente que, aunque diga lo contrario, como alcalde está obligado a rendirle cuentas a sus gobernados, pero como le decía al inicio, nos cree ingenuos. Si fuera un ciudadano ordinario no le cabria ninguna obligación de informar lo que hace con su dinero, pero teniendo bajo su responsabilidad recursos públicos, es otra cosa.
Peor se le pusieron las cosas cuando le descubrieron la compra de una residencia, con valor de 11 millones 390 mil pesos, a orillas de la Playa Miramar, en Madero. De acuerdo con la denuncia de grupo Reforma, la casita la compró apenas 13 días después de la elección del seis de junio, cuando resultó electo presidente municipal.
Al respecto, se ha limitado a señalar que, “es golpeteo político”, e insiste que no compró la casa. Sin embargo, no se atreve a hacer un desmentido público al periódico que lo acusa, y menos habla de denunciar por la vía penal o civil.
¿Será porque no hay nada que desmentir?
En el colmo de las cosas, y en lo que parece un intento desesperado por quitarse de encima tanta escandalera y presión social, a Gattás se le ocurrió denunciar mediáticamente que ha recibido amenazas de muerte.
“Me dejaron unos mensajes en mi casa”, dice, pero se niega a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, bajo el argumento de que no confía en ellas.
¿De verdad piensa que alguien le va a creer? Por supuesto que no. Su denuncia parece más un ardid. Una cortina de humo, la calificó Gerardo Peña Flores, el secretario general de gobierno.
Este fin de semana alguien hizo circular en redes un video, con el que tratan de probar las amenazas contra el edil. Sin embargo, lo único que se ve es una camioneta que circula lentamente frente a la casa del funcionario.
¿Esa es una amenaza? ¡Por favor!
ASI ANDAN LAS COSAS.
