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Tribunal de la ONU abrirá audiencias en caso de genocidio rohingya

Por (Agencias)
febrero 21, 2022
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La Haya.- La administración civil en la sombra de Myanmar pidió el lunes al máximo tribunal de las Naciones Unidas que no permita que los gobernantes militares del país representen a la nación del sudeste asiático en las audiencias de un caso que acusa al país de genocidio contra la minoría étnica rohingya.

Cuatro días de audiencias sobre la mortífera represión del ejército de Myanmar en 2017 contra los rohingya están programados para el lunes por la tarde en la Corte Internacional de Justicia en medio de una disputa sobre quién debería representar al país en la corte.

Está previsto que los representantes de Myanmar se dirijan a los jueces para explicar por qué creen que el caso presentado por la nación africana de Gambia, en representación de un grupo de naciones musulmanas, debe ser desestimado.

Pero los miembros del Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar instaron a la corte a no aceptar representantes de los gobernantes militares.

“No creemos que la Corte Internacional de Justicia quiera permitir que los militares comparezcan ante ellos como si hablaran en nombre de la República de la Unión de Myanmar”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de unidad, Zin Mar Aung. “Sería una injusticia muy profunda para los rohingya si los militares fueran abusadores de ellos y tuvieran alguna voz en la corte”.

La administración en la sombra dijo que se comunicó con la corte para retirar las objeciones preliminares de Myanmar al caso, pero queda por ver si la corte reconocerá a la administración de unidad.

La administración en la sombra está compuesta por un grupo diverso de representantes, incluidos legisladores electos a quienes la toma militar les impidió ocupar sus escaños. Dice que es el único gobierno legítimo del país, pero ningún gobierno extranjero ha reconocido al grupo de unidad.

La disputa en la corte mundial de La Haya refleja una lucha más amplia en la comunidad internacional sobre a quiénes aceptar como gobernantes legítimos de Myanmar después del golpe.

Los ministros de Relaciones Exteriores del sudeste asiático celebraron su retiro anual la semana pasada sin su homólogo de Myanmar, a quien se le prohibió participar pero se le permitió asistir en línea como observador.

El ejército lanzó lo que llamó una campaña de limpieza en el estado de Rakhine en 2017 después de un ataque de un grupo insurgente rohingya. Más de 700.000 rohingyas huyeron a la vecina Bangladesh y las fuerzas de seguridad fueron acusadas de violaciones masivas, asesinatos e incendios de miles de viviendas.

En 2019, los abogados que representan a Gambia ante la CIJ describieron sus acusaciones de genocidio mostrando a los jueces mapas, imágenes satelitales y fotografías gráficas de la campaña militar. Eso llevó a la corte a ordenar a Myanmar que haga todo lo posible para prevenir el genocidio contra los rohingya. El fallo provisional pretendía proteger a la minoría mientras el caso se decide en La Haya, un proceso que probablemente lleve años.

El exícono prodemocrático Aung San Suu Kyi representó a Myanmar en las audiencias de 2019, pero ahora está encarcelada tras ser condenada por lo que sus partidarios llaman cargos falsos.

La toma militar del año pasado en Myanmar provocó protestas pacíficas generalizadas y desobediencia civil que las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza letal. Unos 1.500 civiles han muerto, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.

Akila Radhakrishnan, presidente del Centro de Justicia Global, dijo que las audiencias de la Corte Internacional de Justicia de esta semana “están sentando las bases para la rendición de cuentas en Myanmar, no solo para los rohingya, sino para todos los demás que han sufrido a manos de los militares”.

La Corte Internacional de Justicia dictamina sobre la responsabilidad del Estado por violaciones del derecho internacional. No está vinculado a la Corte Penal Internacional, también con sede en La Haya, que responsabiliza a las personas por atrocidades. Los fiscales de la CPI están investigando los crímenes cometidos contra los rohingya que se vieron obligados a huir a Bangladesh pero aún no han presentado cargos.

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