Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las reformas aprobadas en la anterior legislatura, que presentan intereses políticos y conflictos de interés, serán combatidas para regresar a una legislación más justa o como estaba anteriormente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, advirtió la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica.
Propuso dar reversa a una reforma aprobada por la 64 legislatura de mayoría panista, que desapareció la figura del director responsable de obra, quien era el encargado de vigilar que las obras públicas realizadas por los gobiernos, estatal y municipales, cumplieran con las disposiciones de ley.
Ante ello, Salazar Mojica, propuso una iniciativa para dejar sin efecto las modificaciones hechas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, por la 64 legislatura, en septiembre del 2021.
Detalló que esa iniciativa fue presentada por el ejecutivo y turnada para dictamen el 20 de septiembre, fue aprobada en el pleno del Congreso el siguiente día y, finalmente, fue publicada en el Periódico Oficial del estado el 23 de septiembre.
“La apresurada aprobación de esta reforma refleja que la motivación de la misma atendía a intereses políticos y no al bienestar de los tamaulipecos”, expuso.
Ahora, con la reforma que se impulsa se busca además, crear la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.
Informó que el ejecutivo y el Congreso anterior, tenía el objetivo de terminar o desaparecer la figura del Director Responsable de Obra (DRO), que es la persona física auxiliar de la administración pública, con autorización y registro otorgado por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.
Entre sus atribuciones y responsabilidades figuraba la de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la presente Ley, del Reglamento de Construcciones y demás disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales.
Cabeza de Vaca argumentó que el DRO es innecesario y representa un costo excesivo al existir el residente de obra, un servidor público que funge como representante del Ayuntamiento ante el contratista.
“No es válido afirmar que el Residente de Obra puede sustituir la labor del DRO debido a que el primero es un servidor público y presenta un posible conflicto de interés al participar como observador de la legislación en materia de construcción. El DRO propicia imparcialidad en la revisión de la obra al fungir como un tercero interesado en el proyecto; mientras que el Residente de Obra responde al personal del gobierno estatal y/o municipal y, por ende, compromete la calidad de la obra pública e incrementa el riesgo de corrupción” refirió.
Por esa razón, dijo, la bancada de Morena busca restablecer en la ley los artículos que brindaban personalidad jurídica al DRO y a los corresponsables, y les otorgaban atribuciones y les adjudicaban
responsabilidades.
