Durante varios años hemos insistido sobre el tema: es urgente profesionalizar la tarea del diputado.
Es la única forma de evitar que se sigan llevando a la tribuna legislativa, ocurrencias con forma de iniciativas.
Si la principal tarea de un diputado es crear, modificar o abrogar, las leyes que nos rigen como sociedad, lo menos que podemos exigirles es que conozcan de leyes.
De ahí nuestra insistencia de que, para ser diputado se exija un título de licenciado en Derecho o cualquier carrera afín.
El viejo pretexto de que imponer ese requisito sería violatorio de derechos humanos, tiene un sustento muy endeble.
¿Dónde quedan entonces los derechos de aquellos que nos vemos afectados con las tonterías que proponen algunos legisladores?
Debemos recordar que no hay derechos absolutos. En el caso planteado, estaríamos frente a lo que en el ámbito del derecho se conoce como una colisión de derechos.
Cuando eso ocurre, lo que procede es hacer un análisis para determinar cuál o cuáles de los derechos en conflicto debe tener prevalencia de defensa.
Me parece entonces que, por encima del derecho de una persona a postularse como candidato a diputado, deben prevalecer los derechos de los ciudadanos a tener legisladores bien preparados, que generen ordenamientos normativos viables y que respondan a una problemática social.
Le cuento de todo ello porque, la semana pasada, la diputada local por Río Bravo, Casandra Priscilla de los Santos Flores, presentó ante el Pleno legislativo una iniciativa de decreto que busca ¡despenalizar la negligencia médica!
Sí. Así como lo leyó: quiere que cualquier conflicto del médico con el paciente, sea perseguible solamente por la vía civil o administrativa.
Su argumento es que: “el médico no puede desear, ni realizar conductas encaminadas a lesionar al paciente”.
Quiere que, solamente se materialice la negligencia cuando el médico trate a pacientes que no sean propios de su especialidad, y cuando preste su servicio bajo la influencia de alguna sustancia adictiva como enervantes, bebidas alcohólicas y otras drogas delictivas y de abuso.
Básicamente pretende que, por el solo hecho de tener un título profesional, el médico sea eximido de cualquier responsabilidad en la atención a un paciente.
Para decirlo crudamente, si el paciente se le muere podrá ser a causa de cualquier factor, menos por su incapacidad o descuido.
Por donde quiera que se le vea, se trata de un absurdo. Es un despropósito lo que plantea la legisladora de Morena, quien además es presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado.
Es cierto, como dice, que ningún médico llega a un quirófano con la idea de hacerle daño o poner en riesgo de muerte a su paciente, pero ¿qué sucede cuándo ese médico comete un descuido fatal?
De acuerdo con su propuesta, cualquier responsabilidad del doctor deberá reclamarse solamente por la vía civil o administrativa.
“Con la presente acción legislativa seremos referencia a nivel nacional”, presume De los Santos.
Y si, efectivamente, si se llegara a aprobar una iniciativa como la que propone, llegaríamos a ser referencia nacional… ¡pero del absurdo!
No está por demás decir que, la diputada de la polémica es la misma que, en febrero pasado se “fusiló” una ley general para proponer una similar en Tamaulipas.
Se limitó a copiar y pegar la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y luego de quitarle algunas referencias al ámbito nacional, para adecuarla a Tamaulipas, la llevó ante el Pleno Legislativo.
En el engaño cayeron varios diputados, al grado de que terminaron pidiéndole a la riobravense que les permitiera sumarse a su iniciativa.
Nada de esto ocurriría si tuviéramos diputados que contaran con nociones elementales del Derecho.
ASI ANDAN LAS COSAS.
