Ciudad de México.- El anuncio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una reforma para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros electorales sean elegidos por voto ciudadano es una distracción, una provocación con argumentos falaces e inviables que busca minar la credibilidad y autonomía de ambas instituciones, cooptarlas y es un evidente ajuste de cuentas ante un eventual y previsible fracaso de la revocación de mandato que impulsa el Titular del Ejecutivo.
Así lo señalaron a EL UNIVERSAL exconsejeros electorales, politólogos y especialistas en materia electoral, quienes consideraron inviable la reforma a los artículos 41 y 99 de la Constitución, porque Morena no tiene mayoría calificada en el Congreso de la Unión; e incluso en caso de avalarse, no puede ser aplicada a los actuales magistrados y consejeros electorales, quienes fueron electos por un tiempo determinado.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, consideró que la propuesta “es una provocación retórica del Presidente para tratar de fortalecer su narrativa populista en contra del INE, al que cataloga como un instituto de las élites en México. Por ello, no se le debe dar la atención que se le está dando, su propuesta ni siquiera merece un análisis básico”.
Dijo que si bien se puede mejorar el proceso de elección de los consejeros del INE por otras vías, se debe respetar el conocimiento y la experiencia, que son fundamentales. “Pero el Presidente quiere denostar siempre el mérito, la experiencia e imparcialidad, y dice que esos atributos son instrumentos de las élites.
“Esto del voto popular es una sinrazón, es una provocación y es una ingenuidad [pensar] que el pueblo va a estar interesado en analizar las propuestas para consejeros y votarlos”.
El director de Integralia Consultores señaló que López Obrador busca alentar su narrativa de que está desmontando las instituciones de las élites en México, y después de la revocación de mandato va a culpar al INE de la baja participación.
Por su parte, Marco Baños, exconsejero del INE, mencionó que el Presidente busca distraer la atención de temas más importantes, continúa imponiendo la agenda e incorporando al debate público elementos para distraer la atención y seguir promoviendo la revocación de mandato.
Expuso que tanto el INE como el TEPJF requieren perfiles de especialistas, por lo que “no veo cómo por medio del voto popular se pueda elegir a los consejeros y magistrados, ¿bajo qué esquema se haría esto?, ¿tendrán que hacer campaña?, ¿bajo qué reglas?, ¿cómo se enteraría la ciudadanía de sus perfiles?
“Me parece que es un distractor para que ellos sigan hablando todo lo que se les ocurra de la revocación. Yo creo que los mecanismos actuales para elegir a los consejeros y magistrados, por medio de una especie de elección indirecta, funciona de manera adecuada, si bien se pueden afinar algunos mecanismos”.
Sin embargo, indicó que elegirlos por voto popular politiza los nombramientos y perfiles que deben responder más a criterios técnicos que políticos.
El doctor César Astudillo, especialista en derecho electoral y constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), añadió que esta propuesta presidencial ya demostró su fracaso en Bolivia, donde se eligió por voto ciudadano a los magistrados electorales “con pésimos resultados”.
“Una reforma de este tipo no se puede implementar como capricho o revancha para correr a los actuales consejeros y magistrados, porque fueron electos para un periodo determinado, por lo que se podría intentar modificar este modelo para la elección de los próximos funcionarios electorales, pero no a contentillo del Presidente”, indicó.
Consideró que en el fondo se trata de un mensaje poco democrático: “Si ellos no hacen lo que yo quiero, los voy a quitar”, pero al mismo tiempo se trata de debilitar la autonomía y desprestigiar al INE y al TEPJF. Ambas instancias son técnicas y políticamente neutrales, dijo, y no pueden ir siendo desmanteladas o debilitadas como lo vaya queriendo el partido en el poder.
“Es una propuesta muy poco viable, sin un referente internacional para compararlo y lo que deja ver en el fondo es una lucha permanente, cada vez más abierta, por buscar cooptar a los órganos electorales. Es una reforma que lleva implícito ese deseo de cooptación. No le veo viabilidad porque, además, se trata de una reforma constitucional a los artículos 41 y 99. Morena no tiene la mayoría en el Congreso.
“Se está generando toda una narrativa ante el potencial resultado adverso [de la revocación] y, en ese sentido, echarle la culpa al INE y al Tribunal Electoral, así como lograr el efecto colateral de minar la independencia y autonomía de las instituciones”.
José Perdomo, investigador y experto en derecho electoral y constitucional de la Universidad La Salle, dijo que es una iniciativa que va en contra del sistema republicano, que busca violentar la división de Poderes y “es un evidente ajuste de cuentas” .
