París.- Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, se prepara para realizar su primer gran mitin el sábado en su carrera por la reelección, su campaña se ha topado con un obstáculo.
Ha sido apodado “el asunto McKinsey”, en honor a una empresa de consultoría estadounidense contratada para asesorar al gobierno francés sobre su campaña de vacunación contra el COVID-19 y otras políticas. Un nuevo informe del Senado francés cuestiona el uso de consultores privados por parte del gobierno y acusa a McKinsey de evasión de impuestos. El problema es movilizar a los rivales de Macron y perseguirlo en las paradas de campaña antes de la primera vuelta electoral del 10 de abril.
Sus partidarios esperan que pueda acelerar su campaña y ahogar a sus detractores en el mitin del sábado en un gran estadio al oeste de París. Macron, un centrista que ha estado al frente de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania , tiene una cómoda ventaja en las encuestas hasta ahora sobre la líder de extrema derecha Marine Le Pen y otros rivales.
Pero la palabra “McKinsey” se está convirtiendo en un grito de guerra para quienes intentan derrocarlo. Los críticos describen el gasto de 1.000 millones de euros del gobierno en firmas de consultoría como McKinsey el año pasado como una especie de privatización y americanización de la política francesa, y exigen más transparencia.
El Senado francés, donde los conservadores de la oposición tienen mayoría, publicó un informe el mes pasado que investiga el uso de firmas de consultoría privadas por parte del gobierno . El informe encontró que el gasto estatal en tales contratos se ha duplicado en los últimos tres años a pesar de los resultados mixtos y advirtió que podrían generar conflictos de interés. Docenas de empresas privadas están involucradas en las actividades de consultoría, incluidos gigantes como la multinacional irlandesa Accenture y el grupo francés Capgemini.
Lo más contundente es que el informe dice que McKinsey no ha pagado impuestos sobre las ganancias corporativas en Francia desde al menos 2011, sino que utilizó un sistema de “optimización fiscal” a través de su empresa matriz con sede en Delaware.
McKinsey emitió un comunicado diciendo que “respeta las normas fiscales francesas que se le aplican” y defendiendo su trabajo en Francia, pero no dio más detalles.
McKinsey asesoró notablemente al gobierno francés en su campaña de vacunación contra el COVID, que tuvo un comienzo vacilante pero finalmente se convirtió en una de las más completas del mundo. Consultores externos también han asesorado al gobierno de Macron sobre reforma de vivienda, política de asilo y otras medidas.
El informe del Senado encontró que tales empresas obtienen menores ingresos en Francia que en Gran Bretaña o Alemania, y señaló que el gasto en consultores externos fue mayor bajo el expresidente conservador Nicolas Sarkozy que bajo Macron.
El ministro de Presupuesto, Olivier Dussopt, dijo que el dinero estatal gastado en McKinsey fue aproximadamente el 0,3% de lo que el gobierno gastó en salarios de servidores públicos el año pasado, y que McKinsey ganó solo una pequeña fracción de eso. Acusó a los rivales de campaña de inflar el asunto para aumentar sus propios índices de audiencia.
“No tenemos nada que ocultar”, dijo Amelie Montchalin, la ministra de servicio público del gobierno.
Sin embargo, el asunto está lastimando a Macron.
Macron, un ex banquero de inversiones que una vez fue acusado de ser el “presidente de los ricos”, vio cómo sus calificaciones repuntaban cuando su gobierno gastó masivamente para proteger a los trabajadores y las empresas al principio de la pandemia, y prometió hacer “lo que sea necesario” para amortiguar el golpe. Pero sus rivales dicen que el caso McKinsey reaviva las preocupaciones de que Macron y su gobierno están en deuda con intereses privados y no están al tanto de las preocupaciones de los votantes comunes.
Dondequiera que va Macron ahora, le preguntan al respecto.
“La campaña debería tratar sobre el poder adquisitivo, cómo resolver los problemas de seguridad, cómo poner fin a la guerra (en Ucrania)”, dijo a los votantes el jueves. “No lo hagas sobre un tema falso”.
En un programa de entrevistas el domingo pasado, dijo a la defensiva: “Si hay pruebas de manipulación, que lo lleven a los tribunales”.
Una mujer que perdió a su padre por el COVID-19 presentó una demanda el viernes acusando a McKinsey y otras empresas consultoras de malversar dinero público cuando fueron contratadas para asesorar al gobierno sobre el suministro de mascarillas y vacunas. Julie Grasset ahora dirige un grupo de apoyo para personas que perdieron a seres queridos en la pandemia.
“Es un tema serio. Estamos hablando de salud pública”, dijo Grasset a The Associated Press.
La oficina del fiscal financiero no hizo comentarios. Los fiscales podrían tardar semanas en decidir si aceptan el caso, uno de varios que Grasset y otros han presentado relacionados con el manejo de la pandemia por parte del gobierno .
