Este próximo 13 de junio se cumplirán seis años del estreno del sistema de justicia penal acusatorio.
Desafortunadamente, no hay nada qué festejar. El modelo de justicia penal que llegó con grandes expectativas, y que nos fue “vendido” como la gran panacea, es una decepción.
Cuando se aprobó la reforma constitucional de junio del 2008, se nos dijo que estábamos, como sociedad, fijando el antes y el después del sistema de justicia.
Atrás quedarían los tortuosos y costosos procesos penales. No habría corrupción porque los juicios orales serían públicos, y los jueces deberían dictar sus sentencias de cara a las partes y a la sociedad, y ya no en la oscuridad de sus despachos.
Nos aseguraron que el 90 por ciento de los acusados enfrentaría su proceso en libertad y que los asuntos serían judicializados con rapidez para que se resolvieran con prontitud y no después de varios años, como en el pasado.
En suma, se nos dijo a los ciudadanos que estábamos por entrar al primer mundo en materia de justicia. Los vicios del viejo y tradicional sistema de justicia penal, quedarían como un mal recuerdo de la historia de la justicia.
Sin embargo, hoy, a casi seis años de que inició en Tamaulipas esa nueva forma de impartir la justicia penal, la realidad nos golpea con brutalidad en el rostro: nada cambio. Todo sigue igual, o peor.
Formalizar una denuncia sigue siendo un suplicio para el ciudadano. Persisten los malos tratos en las agencias del Ministerio Público, con el agravante de que la corrupción sigue estando presente. Si se desea agilidad en una carpeta es necesario “aceitar” la maquinaria oficial.
Todo eso ha ocasionado que la fiscalía general de Justicia del Estado enfrente un abismal rezago de asuntos. Hay miles de carpetas de investigación en las mesas de los fiscales esperando a que sean resueltas.
En el ámbito judicial sucede lo mismo. La capacidad de la judicatura local está rebasada por completo. No hay suficiencia de jueces para desahogar tantas audiencias, lo que no solo retarda las resoluciones, sino que también compromete la calidad de las mismas, porque los impartidores de justicia trabajan bajo presión y en jornadas extenuantes, que muchas veces concluyen en las madrugadas.
En suma, el sistema de justicia penal está por los suelos.
Lo más preocupante de todo es que no se percibe el mínimo interés del gobierno por recomponer el camino. La actitud que han asumido, tanto la fiscalía como el Poder Judicial, es hacer como que no ven y no oyen.
Pareciera que están aplicando aquello de, “nosotros ya nos vamos. Que arreglen las cosas los que vengan”.
Lamentablemente es ahí donde se originan los altos niveles de impunidad que tanto se denuncian, porque ante la tortuosidad del camino para acceder a la justicia, las víctimas del delito prefieren no denunciar, lo cual anima a los delincuentes a seguir operando.
Han sido seis años de fracaso.
EL RESTO
SERENO, MORENO. – El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, les exige a los gobernadores de los seis estados, incluido Tamaulipas, donde habrá elecciones el próximo cinco de junio, que saquen las manos del proceso electoral.
Les pide que se serenen. Que dejen que el ciudadano elija libremente a su gobernador, y que se abstengan de ayudarle a su candidato.
Se vale el llamado del presidente nacional de Morena. El gran problema es que las mismas, o peores, prácticas que les imputa a los gobernadores, las realiza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la obvia intención de apoyar a los candidatos morenistas.
En esas circunstancias, don Mario Delgado no tiene calidad moral para denunciar intervencionismo oficial. Es un descaro que lo haga.
ASI ANDAN LAS COSAS.
