Ciudad de México,- Al cerrar la Comisión de Presupuesto 2022 del INE, el contralor Jesús George Zamora comentó que, en la auditoría sobre la integración del presupuesto para 2022, el Órgano Interno de Control encontró que 10% del presupuesto para Cartera Institucional de Proyecto solicitado, unos 800 millones de pesos, no tenían evidencia documental que sustentara la petición de recursos.
George Zamora aclaró que estos 800 millones “no quiere decir que no fueran recursos no necesarios, sino que no cumplieron los requisitos formales para que el instituto pueda justificar y aprobar la solicitud de los recursos”.
El contralor reveló estos datos de manera preliminar, a unos días de su cierre formal, lo que molestó a algunos consejeros integrantes de la comisión quienes reclamaron que se dieran a conocer datos que aún no se dan como oficiales por no haber concluido formalmente el procedimiento.
El contralor explicó los plazos para contestar por parte de las áreas involucradas y ya se está en el estatus de seguimiento, revisando si se solventaron o no, pero adelantó que, de 74 acciones determinadas por la Contraloría, el INE no solventó 63, una ya ha sido solventada y, de ocho medidas preventivas, el INE no ha atendido seis.
Posteriormente, al término del cierre de la Comisión de Presupuesto 2022, quedó instalada la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, presidida por la consejera Claudia Zavala.
En este contexto, la consejera Zavala comentó que, más allá de reformas electorales que se mencionan para cambiar el sistema electoral, el presupuesto 2023 “se va a proyectar con absoluta autonomía e independencia y tendrá como únicos referentes de integración tanto lo dispuesto en la Constitución como en la ley electoral vigente, la ley de Consulta Popular, las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, la normativa específica del Instituto y las resoluciones de la Corte y el Tribunal Electoral”.
Afirmó que se tendrá un “escrupuloso y fundado análisis” de la situación política y económica del país, la cuestión sanitaria, una posible consulta popular para 2023, las elecciones locales en Coahuila y Estado de México, y la preparación de elecciones federales para el 2024.
Indagarán injerencia de partidos en revocación
Morena y el PT destinaron 6.5 millones de pesos de recursos públicos para contratar a 209 personas que cobraron en esos partidos, pero que también aparecen en las listas de auxiliares que recolectaron firmas de apoyo para la revocación de mandato, lo cual será investigado por el INE a través de un procedimiento especial sancionador a fin de determinar si violaron la ley.
Hay que recordar que la ley prohíbe a los partidos utilizar recursos públicos para intervenir en cualquier etapa de la convocatoria y organización de la revocación de mandato.
En adición, Morena destinó poco más de 43 millones de pesos para pagos a sus representantes de casilla, su alimentación y pasajes, durante la jornada de revocación de mandato, lo cual sí está permitido por la ley, mientras que el único partido de oposición que destinó alrededor de 200 mil pesos para lo mismo fue el PAN.
El consejero Ciro Murayama consideró que en el proceso de revocación de mandato circuló dinero “opaco” —destinado a concesionarios de servicios públicos y empresarios de todo el país, para colocar espectaculares, lonas, carteles, pintas de bardas— que sumó 44.3 millones de pesos en total y que el INE logró detectar, por lo que iniciará procedimientos de investigación para determinar el origen de esos recursos.
De ese total, 6.1 millones corresponden a espectaculares contratados en todo el país, por ciudadanos y organizaciones.
