Ciudad de México.- Los costos por tiempo perdido, ausentismo laboral y coyotaje para conseguir la constancia de situación fiscal forman parte del saldo negativo que dejó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a miles de contribuyentes que buscaron cumplir con la versión 4.0 de la factura electrónica, dijeron expertos.
El organismo fiscal informó ayer que el proceso se postergó al 1 enero de 2023, en lugar de entrar en vigor a partir del próximo 1 de julio.
La autoridad se vio superada para enfrentar la alta demanda de constancias fiscales que generaron largas filas de causantes afuera de sus oficinas de atención al contribuyente, señalaron los especialistas.
Tras peticiones de organismos de contadores públicos, de la iniciativa privada y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), el SAT cedió y aplazó la obligatoriedad de facturar electrónicamente y timbrar la nómina con los nuevos requisitos válidos para efectos fiscales con el RFC y código postal del domicilio tanto del emisor como del receptor.
De ahí que los patrones estaban solicitando a todos sus empleados la constancia de situación fiscal, para incluir esos datos en la emisión del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), como lo pide la versión 4.0 de la factura electrónica.
Fue una rudeza innecesaria que sólo provocó pérdida de tiempo y dinero para contribuyentes y empresas, acusó el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que la autoridad tuvo un mal manejo de la situación, porque quiso presentar como un mito la realidad que se veía todos los días con las largas filas de ciudadanos para tramitar la constancia.
Destacó que todos los servicios como atención telefónica, los aplicativos y el chat uno a uno estaban saturados, por lo que al contribuyente no le quedó de otra más que ir de manera presencial al SAT. Con ello, el fisco reconoce que no fueron suficientes las facilidades que dio.
Decisión acertada
La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda, dijo que fue un alivio para millones de causantes el nuevo plazo, en medio de lo que podría ser la quinta ola de la pandemia.
“Fue un acierto dar más tiempo ante el repunte de casos de Covid-19 que estamos viendo en varios estados”, reconoció.
A su vez, el integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Pablo Cervantes, coincidió en que extender el periodo de transición de la factura de nómina fue acertado, en aras de no causar un mayor daño a trabajadores y patrones.
Es un respiro para quienes indirectamente necesitaban la constancia para otros fines, como cerrar un negocio o firmar el contrato para ingresar a un nuevo trabajo, porque retrasaba el registro ante el IMSS.
Se encarece cumplir
De acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio en tiempo y dinero que invierten los mexicanos para cumplir sus obligaciones con el fisco ha crecido.
Un contribuyente persona física tuvo que desembolsar 13 mil 128 pesos para estar bien con el fisco, cuando hace un año le representó un gasto de 10 mil 654 pesos a 13 mil 128 pesos.
El dato incluye gastos por transporte, viáticos, papelería, copias, internet, honorarios y asesorías de un contador, y costo del tiempo del contribuyente.
Para las empresas aumentó de 38 mil a 50 mil 226 pesos en el último año, que incluye lo mismo, más los sueldos y salarios del contador y/o contratación de un despacho fiscal.
