Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fracción del PRI pidió a la Cámara baja modificar en la ley laboral y en materia de salud para que los horarios de los internos de pregrado, los prestatarios de servicio social de las diversas carreras relacionadas con la salud y los médicos residentes sean proporcionales, dignos y se encuentren apegados a los derechos humanos.
Consideró que si se regula los horarios, se pueden evitar presuntas negligencias, descuidos o accidentes en procesos y procedimientos médicos, los cuales van desde un pequeño susto, hasta llegar a daños verdaderamente irreparables para los pacientes o la muerte
El internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país.
Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, diputado del PRI, consideró que las jornadas que realizan las y los estudiantes o residentes médicos, sobrepasan las 24 horas y se requiere no comprometer la estabilidad física, emocional y mental tanto de las y los profesionales de la salud como de los pacientes.
“Sin lugar a dudas, el internado de pregrado, la prestación de servicio social en el área de salud y las residencias médicas son actividades en donde se necesita dedicación completa, ya que se debe actuar de forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones delicadas que se presentan diariamente, situaciones que, por sí mismas, generan un alto grado de estrés”.
Destacó que las jornadas o guardias que realizan las y los estudiantes o residentes médicos sobrepasan las 24 horas, nos encontramos ante un potencial peligro para la correcta prestación de los servicios de salud.
“En México se encuentran reguladas las guardias de los internos de pregrado, la duración de las jornadas de servicio social en las áreas de salud, así como la duración de las jornadas de residencias médicas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, mismas que, por sí mismas, son extenuantes y atentan contra los derechos de las y los profesionales de la salud; por ello, es necesario que tales ordenamientos e instrumentos jurídicos se modifiquen y actualicen a las necesidades sociales que se viven actualmente”.
