Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cuando el Estado confirmó que perdería la mayoría en el Congreso de Tamaulipas en 2021, entre junio y septiembre de ese año, se puso en marcha una operación de blindaje y de nombramientos en el Poder Judicial, Fiscalías y Auditoría que dejaron un claro mensaje que, sería el escudo para proteger el futuro transexenal de Francisco García Cabeza de Vaca, pero el escenario se está complicando.
Esa estrategia, que inició en la 64 legislatura, mantiene al PAN y a Morena, en una clara confrontación política, jurídica y legislativa que se viene arrastrando hasta la fecha, porque ahora, los desencuentros han crecido por el triunfo de la gubernatura que obtuvo Américo Villarreal y que de no haber cambios de última hora que haga el Tribunal Electoral, gobernará a partir del mes de octubre.
Los diputados Félix Fernando García Aguiar coordinador de la fracción del PAN y Úrsula Salazar Mojica Coordinadora de la fracción de Morena, coinciden por separado en algo: El Congreso del Estado mantiene esa lucha de fuerza política pero que se extiende al terreno jurídico.
Desde este año, el Congreso ha intensificado su lucha y debate político en la tribuna, en donde se ha visto de todo y reclamado lo malo, y lo más malo de los gobiernos.
Por eso, después de las campañas y la elección del 5 de junio, la lucha política está concentrada en el Congreso del Estado entre el PAN y Morena. El primero en defender y cuidar la salida de su gobernador pero también garantizar un contrapeso para que Américo no la tenga tan fácil y Morena, no recupere la Junta de Coordinación Política como propuso el diputado Raúl Pérez Luévano y que aprobaron ayer de forma meteórica en Comisiones.
Los más irritados, la diputada Cassandra de los Santos y el diputado Beto Granados, los dos de Morena, advirtieron que este martes, van a defender hasta donde se pueda la autonomía del Congreso, porque viene un último intento del PAN, “por mantener el poder del Congreso y que de forma ilegal le arrebató a Morena, manipulando a diputadas para quitarnos una mayoría que nos otorgaba el control del Congreso”.
La preocupación del PAN, señalan diputados de Morena, es el proceso que viene para poder mantener a los protectores del gobierno panista, una vez que han perdido la gubernatura.
Actualmente el Fiscal General de Tamaulipas, los magistrados del Poder Judicial, el Fiscal Anticorrupción, el Auditor Superior de Tamaulipas o los nombramientos de titulares de organismos públicos autónomos e incluso, el seguimiento en el caso del desafuero, deben de pasar por la aprobación del Congreso después de un madruguete en el 2021 para blindar a todos ellos, e incluso a los Magistrados.
El artículo 58 de la Constitución Política de Tamaulipas indica que son facultades del Congreso, elegir y remover a los magistrados del Suprema Tribunal de Justicia, los Consejeros de la Judicatura, así como la designación del Fiscal General del Estado con las dos terceras partes de los votos de los 36 diputados.
En el caso del Fiscal, Irving Barrios Mojica, este tomó protesta el 21 de diciembre del año 2018, estará en funciones hasta el año 2025, por la Auditoría Superior de Tamaulipas, Jorge Espino Ascanio quien tomó protesta el 10 de febrero del año 2017, estará en funciones hasta el año 2024.
Por la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, tomó protesta el 8 de septiembre del año 2021 quien finalizará su gestión en el año 2024.
Para el Poder Judicial de Tamaulipas, en el año 2021 tomaron protesta María del Rosario Garza, Aaron José Medina Ladrón de Guevara como magistrado regional, Alejandro Guerra Martínez como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con los magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas, la única forma en la que pueden ser removidos de su cargo, es a través de un juicio político en el que se requiere la votación de dos terceras partes de los 36 diputados para separar del cargo a uno de los magistrados.
Otro de los nuevos funcionarios en el Poder Judicial son Noé Sáenz Solís quien es magistrado de número, Jesús Gerardo Aldape Ballestero como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Gloria Garza Jiménez, Omeheira López Reyna y Jorge Alejandro Durham Infante, son magistrados que recién tomaron protesta en el mes de abril del año 2021, quienes estarán en funciones hasta el año 2027, a excepción que con dos terceras partes de los votos del congreso del estado puedan ser removidos.
El mismo David Cerda Zúñiga, pasó de ser jefe de la oficina del Gobernador y todopoderoso, como Magistrado del Poder Judicial.
“En el caso de los Magistrados, todos tienen cargos partidistas, claros activistas del PAN, defensores de elecciones de este partido; vienen de ocupar cargos administrativos en el gobierno del Estado del PAN y en tareas jurídicas o de asesoría desde el área de Acción Nacional en el Congreso”.
Y se cuestionan: ¿qué imparcialidad pueden asumir como Magistrados en caso de llegar un caso en contra de un militante de su partido?”, remata el diputado Eliphaleth Gómez Lozano de Morena.
