Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió cinco medidas cautelares, una por presunta promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña y violación al principio de laicidad, así como por la supuesta transgresión al principio de imparcialidad.
Comisión de Quejas declaró improcedente las medidas cautelares solicitadas por PRD, PAN, PRI y Jorge Álvarez Máynez en contra de la Jefa de Gobierno, del Secretario de Relaciones Exteriores y del Secretario de Gobernación, entre otros, por actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada
Autoridad electoral hace un llamado a que actores políticos ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales
El primer asunto se trató de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Jorge Álvarez Máynez, quienes denunciaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación; Mario Delgado Carrillo, Presidente de Morena, a dicho instituto político y a 24 funcionarios más.
Lo anterior, por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña y violación al principio de laicidad, vinculados a los procesos electorales locales 2023 en Coahuila, Estado de México y el Proceso Electoral Federal 2024, derivado de la realización y difusión del evento denominado “Unidad y Movilización” en la explanada del teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, solicitando el retiro de publicaciones relacionadas con el evento referido, así como tutela preventiva, a efecto de evitar actos futuros con características similares al ahora denunciado.
La Comisión de Quejas y Denuncias estimó improcedentes las medidas cautelares, al considerar que no se actualizan los elementos de urgencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora, pues tratándose de los proceso electorales locales del Estado de México y de Coahuila, éstos iniciarán en enero de 2023, es decir, dentro de seis meses; en tanto, el proceso electoral federal para la renovación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, iniciará en septiembre del mismo año, es decir, poco más de un año.
Por cuanto a la difusión en Twitter y Facebook de publicaciones relacionadas con el evento del 12 de junio en Toluca; las pintas de bardas con las frases “para que siga la democracia” “Es Claudia”; la publicidad difundida durante ese evento en gorras, mantas, playeras, entre otros; la mañanera del 13 de junio del año en curso y su posterior difusión en medios de comunicación oficiales de la Presidencia de la República; se estimaron improcedentes, por tratarse de actos consumados e irreparables, señalando que en sede cautelar, no es posible pronunciarse por el supuesto uso de recursos públicos, ya que es un análisis que le corresponde a la Sala Regional Especializada al resolver el fondo del asunto.
De igual forma, se declaró la improcedencia de la tutela preventiva solicitada, al considerar que, en principio, se trata de hechos futuros de realización incierta.
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró necesario y pertinente emitir un pronunciamiento hacia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Gobernación, así como el partido político Morena, a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales antes expuestos, recalcándoles la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.
Las consejeras y el consejero integrantes de la Comisión manifestaron que en este momento no se actualiza el peligro en la demora y la irreparabilidad de un posible daño. Sin embargo, expresaron que estarán a la espera de lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los alcances y prohibiciones que el desarrollo de este tipo de actos tenga para la vida democrática del país.
