“Cero impunidad” promete el presidente LÓPEZ OBRADOR en el caso del periodista ANTONIO DE LA CRUZ y su hija, doble crimen perpetrado en la mañana del miércoles anterior cuando salían de su domicilio en esta capital.
Loable propósito, pero la memoria reporta que son 12 los colegas mexicanos asesinados en el presente 2022 y lo que priva es eso, la impunidad.
Por lo pronto estamos ante unas declaraciones que siguen un guión ya establecido cuando ocurren estas tragedias. Suelen decir lo mismo.
Posicionamientos de rigor, respuestas de cajón, lamentaciones sin alma, de mera rutina, redactadas en frío. Clichés muy gastados que siguen un cartabón ya muy visto y leído desde que tenemos memoria.
En ambos niveles de la justicia las fórmulas burocráticas se imponen. Anuncian que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en la investigación y castigarán a los responsables, “caiga quien caiga”.
Compromisos gubernamentales no muy distintos a los que asumieron las autoridades tras conocerse el asesinato de MANUEL BUENDÍA TELLERGIRÓN aquel 30 de mayo de 1984. De ello han pasado 38 años.
Lo cual aplica, por desgracia, en Tamaulipas, desde casos antiguos como los de NORMA MORENO FIGUEROA y ERNESTO FLORES TORRIJOS (entre otros) a los más recientes de CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ y HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO.
Sin ánimo de caer en el pesimismo, es poca la esperanza que priva en el medio periodístico respecto a la eficacia de las autoridades encargadas. Y no es mucha la confianza porque recordamos episodios similares. Hay memoria.
Es larga y accidentada la lucha de familiares y amigos por esclarecer estos crímenes donde la tardanza es regla y afloran cínicamente los llamados asesinos de paja. El recurso tramposo de culpar a alguien, quien sea, solo para presentar trabajo y presumir resultados que ni lejanamente lo son.
La comunidad periodística tamaulipeca estará al pendiente de lo que informe la Fiscalía General de la República (FGR) que desde el siguiente día ejerció la atracción del caso.
Se recordará que los hechos ocurrieron a plena luz del día en una zona habitacional. Cabe esperar que los vecinos hayan aportado datos útiles para dibujar el perfil del atacante.
Y también que las cámaras de videovigilancia puedan decir algo sobre ese motociclista que pudo haber cruzado por arterias vecinas como Prolongación Democracia, Avenida del Maestro y el libramiento Portes Gil minutos antes y minutos después de cometer su infamia. Pero no debemos engañarnos. Identificar al ejecutor sería tan solo el primer paso, la verdadera meta es saber quién dio la orden y por qué.
OTRA HISTORIA
El homicidio de MANUEL BUENDÍA cometido bajo el gobierno lamadridista (1984) se pudo esclarecer medianamente cinco años después (1989) al arrancar el sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI.
Ayudó mucho el que se trataba de un columnista de prestigio internacional y también porque sus amigos igualmente famosos persistieron en el reclamo de justicia, entre otros, MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, LEON GARCÍA SOLER, VIRGILIO CABALLERO, IVÁN RESTREPO, MIGUEL SÁNCHEZ DE ARMAS, ELENA PONIATOWSKA y CARLOS MONSIVÁIS.
Aun así, el caso BUENDÍA dejó cabos sueltos. Fue identificado el autor material, RAFAEL MORO ÁVILA, agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y también capturado el autor intelectual, JOSÉ ANTONIO ZORRILLA, exdirector de la DFS.
Aunque la acción de la justicia ahí se detuvo, pese a que la opinión pública pedía levantar la mira, jalar hilos más arriba y llegar al por entonces secretario de Gobernación MANUEL BARTLETT DÍAZ, superior de ZORRILLA.
Pero lejos de castigarlo, el presidente SALINAS premió a BARTLETT haciéndolo titular de la SEP (1988) y gobernador de Puebla (1993). Hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad.
BUZÓN: [email protected]
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