Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La dirigencia nacional del PAN le exigió al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, resolver y no postergar más, el estudio de fondo sobre la figura legal del proyecto de inmunidad procesal de servidores públicos locales, promovido por el Congreso de Tamaulipas en contra de los poderes y órganos federales.
“La cuestión es si basta una denuncia falaz, una instrucción política, una bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados y un juez que actúe por consigan, para remover de sus cargos a gobernadores, legisladores locales, magistrados, entre otros”, se señala en un carta que firma la cúpula del PAN en México en apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Para el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Luis René Cantú Galván, la postura que ha asumido el CEN y el que comparten los panistas en Tamaulipas, es para que la Suprema Corte no postergue indefinidamente el proyecto de estudio de fondo sobre el Fuero Constitucional en este caso del mandatario de Tamaulipas.
Dijo que en un carta dirigida al ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea externaron su preocupación por la tendencia en la conducción de controversias de especial trascendencia que, por mandato legal y responsabilidad moral, debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ello derivado de la notoria discrecionalidad imperante en la resolución de ciertos casos y la inexplicable dilación en la respuesta que reclama el país de su Tribunal Constitucional”.
De ahí expone que es incomprensible que se postergue indefinidamente en la lista de asuntos para resolución el proyecto para el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos locales, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción.
“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que: corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República.
En la carta que fue enviada, se señala que no se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la de
