Un tribunal colegiado acaba de poner contra la pared a los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.
Resulta que, al resolver un recurso de revisión, la instancia jurisdiccional en materia federal, confirmó la sentencia de un Juez de Distrito, que en enero pasado había ordenado ratificar y reinstalar como magistrado regional en Ciudad Victoria, al abogado Javier Valdez Perales.
Con su resolución, el segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil, del décimo noveno circuito del Poder Judicial Federal, dejó firme la decisión del juez de amparo, que ordenó al Congreso del Estado anular el decreto legislativo del 30 de junio del 2021, con el que designó a Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara.
Pero no solo eso. También les ordena a los diputados que emitan un nuevo decreto con el que ratifiquen y reinstalen en el cargo a Valdez Perales, a la voz de ya.
La designación deberá ser por seis años, o en caso contrario el Poder Judicial del Estado tendrá que pagarle los sueldos que dejó de percibir desde el ocho de julio del 2021 a la fecha.
La sentencia ha cimbrado a los Poderes Legislativo y Judicial.
Es entendible, porque no solo se trata de una sentencia histórica, sino que además podría estar abriendo una ruta legal para que otros magistrados busquen ser ratificados por un segundo periodo de seis años para completar 12.
De entrada, la resolución es un trancazo al ego de los poderes locales, porque tendrán que dejar desempleado a Medina Ladrón de Guevara, con todo lo que ella implica, porque su propuesta de nombramiento la firmó el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Pero, insisto, lo más grave del tema es que el caso Valdez vs Medina podría estar abriendo el camino jurídico, para que los actuales y futuros magistrados busquen mantenerse en el cargo doce años.
Es así porque la constitución federal establece que, cuando un magistrado concluye el periodo de seis años para el que fue electo, deberá emitirse un dictamen en el que se evaluará la posibilidad o no de ratificarlo en el cargo por un segundo periodo de seis años, en base al desempeño observado.
Sin embargo, resulta que nunca en la historia del Poder Judicial se había hecho una evaluación de un magistrado para resolver su ratificación.
No había necesidad de esa evaluación porque el magistrado saliente siempre se disciplinaba a las decisiones salidas de Palacio de Gobierno. Si el gobernador no autorizaba su ratificación, no se oponía.
En esas condiciones, es entendible que ni la constitución local ni la legislación secundaria prevean un procedimiento de ratificación que imponga la realización de dictámenes de evaluativos. Nunca fue necesario, hasta ahora que llegó Valdez Perales y se les rebeló. Y además les ganó.
De hecho, al interponer el recurso de revisión contra la sentencia del Juez de Distrito, la consejería jurídica del Gobierno del Estado y el mismo magistrado Medina Ladrón de Guevara, argumentaron que la evaluación a Valdez Perales no se hizo porque simplemente no existe un procedimiento como tal, como si desconocieran que la ley suprema del país es la constitución federal.
Ahí es donde le insisto que la sentencia puso contra la pared a los Poderes Legislativo y Judicial, porque solo tienen dos caminos: uno, o se apuran a reformar la carta magna local y las leyes ordinarias para establecer ese mecanismo de evaluación; o dos, dejan las cosas como están, y abren la puerta para que otros magistrados próximos a concluir su ejercicio de seis años, usen el criterio del tribunal federal para mantenerse en la nómina de la judicatura local. Porque júrelo que eso sucederá.
Por lo pronto, el Congreso del Estado deberá darse prisa en expedir el decreto para que Valdez asuma nuevamente como magistrado. Esa una orden que debe ser acatada.
ASI ANDAN LAS COSAS.
