Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos por los que resolvió dejar de bloquear las cuentas bancarias de diversas personas, entre los años 2014 a 2020, información que se había negado a entregar alegando razones de seguridad nacional.
Por unanimidad, el pleno de ministros resolvió el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2020 aprobando el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, en donde explicó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) -quien promovió la queja-, ni siquiera argumentó adecuadamente sus motivos.
“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional por la circunstancia de que se entregue la información solicitada, pues se ordenó testar la parte relativa que pueda hacer identificable a las personas eliminadas de la denominada lista de personas bloqueadas. Además, se toman en cuenta elementos importantes tales como que la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera no adujo que existiera un riesgo a la seguridad nacional”, planteó la ministra.
La solicitud de información fue presentada el 15 de junio de 2020 por un ciudadano ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la cual depende la UIF, instancia que negó la entrega de los documentos argumentado, únicamente, que contenían datos personales.
Esta negativa fue revisada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien el 22 de septiembre de 2020 determinó que la UIF debería entregar una copia de los documentos solicitados, testando los nombres y datos personales de los involucrados.
Fue en contra de esta resolución que la CJEF presentó el recurso, argumentado ahora razones de seguridad nacional, las cuales, según señalaron los ministros, no existen.
El ministro Javier Laynez Potisek señaló que en el recurso de la CJEF “no hay ni siquiera un intento por acreditar que la entrega de la información de la UIF atente contra la seguridad nacional.”
Con la resolución de la SCJN, la UIF deberá preparar una versión pública de sus acuerdos, en la cual se oculten los datos personales de las personas involucradas, y entregarla al solicitante.
