PRESION. – El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, anduvo ayer en la Ciudad de México, metiéndole presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el asunto de su desafuero y la orden de aprehensión que en su contra libró un juez federal.
Desde la tribuna mediática de un noticiero de radio con cobertura nacional, el panista se quejó de la tardanza de los ministros para resolver las dos controversias constitucionales relacionadas con el tema, y los urgió a emitir su sentencia.
Lamentablemente para Cabeza de Vaca, está más que claro que el máximo tribunal constitucional del país perdió desde hace al menos tres años el prestigio y la confianza social que había ganado como una instancia dedicada de lleno a su tarea fundamental, que es la de impartir justicia, y alejada de influencias políticas.
Hoy, la SCJN está totalmente politizada y resuelve en función de la línea que dictan desde Palacio Nacional.
En esas circunstancias, mientras el asunto del desafuero del gobernador tamaulipeco siga siendo útil a los intereses del partido en el poder, ahí seguirá congelado como hasta ahora.
Vale decir que Cabeza de Vaca anda muy confiado en que la sentencia vendrá a favor de la decisión del Congreso de Tamaulipas, de no desaforarlo, como determinó la cámara federal de diputados, porque así está el proyecto del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Sin embargo, nos dicen que, aunque el proyecto venga favorable eso no garantiza nada, porque a la hora de la votación del Pleno de la Sala, las cosas se podrían voltear.
PUERTA EQUIVOCADA. – A muchos sorprendió la decisión del gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, y de los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano (MC), de impugnar a través del Tribunal Electoral del Estado, diversos decretos aprobados por el Pleno del Congreso del Estado en su sesión ordinaria del pasado 30 de junio.
Uno de esos decretos es el relacionado con la integración de la Diputación Permanente, que a criterio de Morena fue ilegal, y el otro es el que cede a la fiscalía general de Justicia del Estado tareas de seguridad pública que son competencia del Poder Ejecutivo.
Hacia dentro y hacia fuera del mismo Tribunal Electoral existe consenso en que los impugnantes tocaron la puerta equivocada, porque la correcta es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad.
“Es absurdo que pretendan que un Tribunal Electoral resuelva asuntos de inconstitucionalidad entre dos poderes”, nos comentó un especialista consultado.
Lo más extraño del caso es que, lo del camino equivocado es algo que seguramente no desconocen los abogados que recibieron el encargo de elaborar las demandas respectivas para la defensa de derechos políticos electorales.
Bajo ese razonamiento, entonces es de inferirse que los promoventes de los recursos traen un as bajo la manga. A algo le están apostando al acudir ante el Tribunal Electoral y no ante la SCJN.
ACELERAN. – Por cierto, en el Tribunal Electoral del Estado están dedicados de lleno a la elaboración de la sentencia que resolverá la impugnación a la elección del pasado cinco de junio.
El plazo fatal para que la instancia jurisdiccional en materia electoral emita su fallo vence el 20 de agosto, pero los magistrados están metiendo el acelerador a fondo para que la resolución esté lista durante la primera semana de agosto.
En otros tiempos nadie dudaría que la sentencia será a favor del PAN, el partido impugnante, pero esta vez no hay certeza de hacia dónde se inclinará la balanza de la justicia. El Pleno está dividido en dos y eso hace complicado de predecir el voto de los magistrados.
Como quiera que sea, sin importar cual sea el sentido del veredicto de los magistrados, el asunto terminará en la cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
Será allá donde se decidirá quién será el próximo gobernador de Tamaulipas: Américo Villarreal Anaya o César, “El Truko”, Varástegui Ostos”.
ASI ANDAN LAS COSAS.
