REBATINGA. -A dos meses y 18 días del inicio de la nueva administración estatal, comenzó el reclamo de posiciones en la futura estructura gubernamental por parte de las dirigencias del PT y PVEM, los partidos que hicieron alianza con Morena durante el pasado proceso electoral.
Aunque el resultado de la elección del cinco de junio todavía está en litigio, por la impugnación del PAN, los aliados de Morena dan por hecho que el triunfo de Américo Villarreal Anaya es irreversible, y en razón de ello están demandando su porción del pastel sexenal.
Nos dicen que Arcenio Ortega Lozano, comisionado estatal del PT, y Manuel Muñoz Cano, dirigente del Verde, están exigiendo, para ellos y los suyos, posiciones claves en el gobierno, incluidas algunas secretarías, subsecretarías, direcciones y hasta jefaturas de departamento.
En esas condiciones, nadie debe extrañarse si en la conformación del próximo gabinete, aparecen Ortega y Muñoz como secretarios.
Como coloquialmente se dice, llegó la hora del pase de facturas por parte de petistas y verdes, aunque en los hechos quedó claro que Morena pudo haber ganado por sí misma la elección del cinco de junio.
Habrá que ver hasta donde el doctor Villarreal y su partido están dispuestos a ceder a las exigencias de sus aliados.
PERDIDOS. -No se necesita ser un perito en Derecho para anticipar que el ayuntamiento victorense tiene garantizada la derrota legal en el conflicto con los trabajadores sindicalizados.
Al disminuir, con un simple acuerdo del Cabildo, de 90 a 30 los días de aguinaldo a los burócratas, la autoridad municipal está incurriendo en un atropello legal y una flagrante violación a los derechos humanos de los burócratas, que seguramente será revertido en vía de amparo.
Llama necesariamente la atención que, a pesar de esa obviedad, el alcalde, Eduardo Gattás Báez haya decidido agarrar un pleito perdido, cuyo costo político será muy grande para él y su partido.
Nadie niega que las conquistas laborales del sindicato municipal son exageradas, y en ello influyó mucho la complicidad de los anteriores alcaldes.
Sin embargo, se trata de derechos adquiridos que no pueden ser anulados por una simple decisión del Cabildo.
Al tiempo, tiempo.
RUIDOSOS. -La bancada de Morena en el Congreso del Estado, formalizó una denuncia penal en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando, “El Moyo”, García Aguiar, y la diputada panista Imelda Sanmiguel Sánchez.
Los acusan de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, que se habrían configurado presuntamente al haber extendido ilegalmente más de cinco horas la sesión ordinaria del pasado 30 de junio, y haber violentado la ley en la integración de la Diputación Permanente.
La realidad de las cosas es que, lo único que busca Morena es hacer ruido mediático, porque su denuncia no tiene la mínima posibilidad de prosperar.
De entrada, porque tendrían que comenzar por desaforar a los dos diputados acusados, por aquello de que gozan de inmunidad procesal.
Pero, además, la acusación que les imputan no tiene asidero jurídico.
Es cierto, como hemos insistido aquí, la bancada panista ha pisoteado hasta el cansancio el marco jurídico y constitucional que rige al poder legislativo, pero la vía legal para combatir esos excesos no es la penal, por más que los diputados de Morena insistan en ello.
A LA CONGELADORA. – Lo dicho: el asunto del desafuero de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, fue enviado a la congeladora y ahí seguirá por siempre.
Aquí lo adelantamos oportunamente, porque aun y cuando el famoso audio de los moches atribuido a la también sobrina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, era real, simplemente no alcanzaba para el desafuero de la acusada y menos para procesarla penalmente.
Para lo único que servía era como instrumento de golpeteo político, y así fue usado.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
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