Ciudad de México.- El aprendizaje de más de 170 mil estudiantes con diversas condiciones de discapacidad está en riesgo debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha ejercido a tiempo los recursos aprobados este año para atender a este sector.
Un análisis realizado por la organización Mexicanos Primero indica que el avance enero-mayo reportado por la dependencia muestra que el programa S295 (Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial) tuvo un recorte de 430.9 millones de pesos. “De 433.1 millones que tenía autorizados para ejercer en este periodo, el monto disponible para distribuir se redujo a 2.2 millones. Esto implica una dramática disminución en los recursos para la atención a este grupo tradicionalmente excluido”, señaló la organización en un comunicado.
Lo anterior significa que sólo se utilizó 0.50% de los recursos aprobados para el rubro en los primeros cinco meses de este año.
Recordó que el pasado 3 de diciembre, Delfina Gómez, titular de la SEP, anunció un aumento histórico superior a 650 millones de pesos para educación especial este año.
En aquella ocasión, se informó que, a diferencia de los 58 millones ejercicios en 2021, este año habría una bolsa de “más de 715 millones de pesos”, que serían utilizados para apoyar a todas las instituciones y centros que otorgan servicios para ese modelo educativo, nivel básico. El presupuesto para el rubro quedó al final en 715.9 millones de pesos, por lo que los 430.9 recortados representan 60% del total de recursos aprobados para todo el año.
Este impacto negativo pone en riesgo no sólo proyectos educativos que se planearon en los estados del país pensados en dicho presupuesto, sino también y principalmente, el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes con discapacidad quienes padecieron mayores retos durante la pandemia y el regreso a las clases presenciales”, abundó.
La organización lamentó el subejercicio debido a que el presupuesto destinado este año significaba un avance en la inclusión de dichos grupos de estudiantes y la atención pertinente y focalizada a sus necesidades.
Exigimos a la autoridad educativa federal que explique la naturaleza del recorte de 60% de los recursos aprobados para atender a este grupo de estudiantes. Que ejerza con responsabilidad y transparencia los 282.8 millones restantes e informe a las escuelas que atienden niñas, niños y jóvenes con discapacidad sobre cómo y cuándo se distribuirá dicho presupuesto, pues hasta ahora nada se les ha informado a las comunidades escolares”, indicó.
Recordó que la emergencia educativa no termina aún y menos para las y los estudiantes con discapacidad, que enfrentan graves barreras para el aprendizaje y la participación. “Se deben restituir sus derechos educativos con un presupuesto adecuado que les permita aprender. Hacer promesas de atención que sólo quedan en discursos y eventos vagos lastimarán gravemente a esta generación de niñas, niños y jóvenes”, finalizó.
