Colombo.- Grupos internacionales de derechos humanos instaron el sábado al nuevo presidente de Sri Lanka a ordenar de inmediato a las fuerzas de seguridad que dejen de usar la fuerza contra los manifestantes después de que las tropas y la policía despejaran su campamento principal tras meses de manifestaciones por el colapso económico del país.
Un día después de la juramentación del presidente Ranil Wickremesinghe, cientos de tropas armadas allanaron un campamento de protesta frente a la oficina del presidente en las primeras horas del viernes y atacaron a los manifestantes con porras. Human Rights Watch dijo que la acción “envía un mensaje peligroso al pueblo de Sri Lanka de que el nuevo gobierno tiene la intención de actuar a través de la fuerza bruta en lugar del estado de derecho”.
Dos periodistas y dos abogados también fueron atacados por soldados en la represión. Las fuerzas de seguridad arrestaron a 11 personas, incluidos manifestantes y abogados.
“Las medidas que se necesitan con urgencia para abordar las necesidades económicas de los habitantes de Sri Lanka exigen un gobierno que respete los derechos fundamentales”, dijo Meenakshi Ganguly, director para el sur de Asia de Human Rights Watch, en un comunicado. “Los socios internacionales de Sri Lanka deben enviar el mensaje alto y claro de que no pueden apoyar a una administración que pisotea los derechos de su pueblo”.
Amnistía Internacional también condenó el ataque y dijo que “es vergonzoso que el nuevo gobierno recurra a tácticas tan violentas a las pocas horas de llegar al poder”.
“Los manifestantes tienen derecho a manifestarse pacíficamente. El uso excesivo de la fuerza, la intimidación y las detenciones ilegales parecen ser un patrón infinitamente repetitivo en el que las autoridades de Sri Lanka responden a la disidencia y la reunión pacífica”, dijo Kyle Ward, secretario general adjunto del grupo.
Wickremesinghe, quien anteriormente se desempeñó como primer ministro seis veces, prestó juramento como presidente una semana después de que su predecesor, Gotabaya Rajapaksa, huyera del país. Rajapaksa luego renunció mientras estaba exiliado en Singapur.
Los habitantes de Sri Lanka han salido a las calles durante meses para exigir que sus principales líderes renuncien para asumir la responsabilidad del caos económico que ha dejado a los 22 millones de habitantes del país luchando con la escasez de productos básicos, incluidos medicamentos, combustible y alimentos. Si bien los manifestantes se han centrado en la familia de Rajapaksa, Wickremesinghe también ha provocado su ira como un sustituto percibido de Rajapaksa.
Tropas armadas y policías llegaron el viernes en camiones y autobuses para desalojar el principal campamento de protesta de la capital, Colombo, a pesar de que los manifestantes habían anunciado que abandonarían el lugar voluntariamente.
La oposición de Sri Lanka, las Naciones Unidas y Estados Unidos han denunciado las tácticas de mano dura del gobierno.
A pesar de la mayor seguridad fuera de la oficina del presidente, los manifestantes han prometido continuar hasta que Wickremesinghe renuncie.
El viernes, nombró como primer ministro a un aliado de Rajapaksa, Dinesh Gunawardena.
Wickremesinghe declaró el lunes el estado de emergencia como presidente interino en un intento por sofocar las protestas. Apenas unas horas después de prestar juramento, emitió un aviso en el que pedía a las fuerzas armadas que mantuvieran la ley y el orden, allanando el camino para la acción contra el campamento de protesta.
Los manifestantes acusan a Rajapaksa y su poderosa familia de desviar dinero de las arcas del gobierno y de acelerar el colapso del país al administrar mal la economía. La familia ha negado las acusaciones de corrupción, pero el expresidente reconoció que algunas de sus políticas contribuyeron a la crisis de Sri Lanka.
La agitación política ha amenazado los esfuerzos para buscar el rescate del Fondo Monetario Internacional. Aún así, a principios de esta semana, Wickremesinghe dijo que las conversaciones de rescate estaban llegando a su fin.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo esta semana a la revista financiera japonesa Nikkei Asia que el FMI espera llegar a un acuerdo “lo más rápido posible”.
