Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, lamentó que la fracción de Morena “mienta con dolo” sobre la publicación de una “fe de erratas” publicado el 19 de Julio para una corrección al Decreto 65-105 e interpretar que este sea para solicitud de un nuevo crédito para el gobierno del Estado, cuando “no es posible que el Gobierno del Estado pueda acceder a más recursos de los ya autorizados por el Congreso del Estado en el Decreto LXIV-92, el cual venció el 31 de diciembre de 2021”.
Félix Fernando García Aguiar, señaló que “no se va contratar un nuevo crédito para el Gobierno de Tamaulipas, las declaraciones de los diputados de Morena son falsas”, atajó el diputado
Consideró que la postura de los diputados de Morena, “es una cortina de humano”, pues sus expresiones e información es falsa, insistió.
“Es importante que la ciudadanía sepa que la contratación de un nuevo crédito no es posible, ya que las reglas y leyes federales no permiten que una entidad al final de un periodo gubernamental solicite créditos bancarios”.
Garcia Aguiar, explicó que la información real es relativa a la publicación de una corrección al decreto que contiene la Ley de Ingresos de Tamaulipas en diciembre del 2021, en la que se autoriza la contratación de instrumentos para mitigar riesgos de tasa de interés de créditos ya contratados con anterioridad”.
Con esta corrección se busca que la Ley sea congruente al Reglamento federal, (sobre financiamiento y obligaciones de las entidades) que señala plazos máximos y no mínimos como equivocadamente quedó plasmado en la Ley de Ingresos.
“Existe dolo en quien publica información falsa, existen restricciones legales para que eso sea materialmente imposible. Lo que observamos fue una corrección con el fin de que el marco normativo local y federal sean compatibles, un error humano que requirió una adecuación de una sola palabra al texto original”.
La corrección, precisa, se realiza al artículo 13, tercer párrafo, única y exclusivamente para sustituir la palabra mínimo por máximo.
Dicho límite de temporalidad para la contratación de la obligación debe encuadrar con lo establecido en el reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 25, fracción II inciso b, que señala que la autorización de una obligación debe de señalar el plazo máximo, se detalla.
Insiste: “Es evidente que la disposición vigente constituye un error humano al momento de la redacción”.
Además se añade que la citada corrección acta el plazo de su contratación y lo limita a 3 años, así mismo se informa que la contratación del instrumento derivado de cobertura de tasa de interés “fue contratado por un plazo de 3 años”.
“De lo anteriormente expuesto, se observa que tanto el Decreto original 65-105, como la fe de erratas del mismo, se refieren únicamente a contratación de instrumentos derivados del crédito contratado con Banorte, con la finalidad de mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al mercado de dinero; y como es de conocimiento del propio Congreso del Estado, con estos documentos no es posible que el Gobierno del Estado pueda acceder a más recursos de los ya autorizados por el Congreso del Estado en el Decreto LXIV-92, el cual venció el 31 de diciembre de 2021”.
