Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fracción de Morena impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los decretos que ponen en vigor la solicitud de la “Constancia de Antecedentes de No Corrupción”, las reformas a la Ley de Seguridad Pública, ley orgánica de la Fiscalía así como la reforma a la Ley de Aguas que elimina los Consejos de Administración de las Comapas.
Úrsula Salazar Mojica, Coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, informó que los recursos fueron interpuesto ante la Corte el pasado 29 de julio y van contra los decretos publicados en el periodo Oficial del Estado como 65-182, 65-183 y contra el decreto 65-184.
Detalló que el decreto impugnado 65-182 establece que, para inscribirse en el Padrón de Proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de Exhibir Constancia de Antecedentes de No Corrupción.
“Esto vulnera la prohibición de no discriminación y el principio igualitario, así como las garantías de libertad de oficio y libre empresa”.
Dijo que esto, restringe los derechos económicos de los ciudadanos, dado que, aun sin ser culpables de uno de los delitos de hechos de corrupción, si no exhiben la constancia de no corrupción, no podrán inscribirse en el padrón de proveedores estatales y municipales.
Salazar Mojica, aseguró que, a la fecha, dicho padrón se encuentra repleto de empresas fantasmas del PAN y con contratos con sobreprecios.
Acerca de el decreto No. 65-183 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, también se presentó el recurso ante la SCJN.
Dijo que estas reformas, el PAN y PRI los aprobó con el objetivo eliminar o modificar, sin justificación, violentando diversos derechos y principios constitucionales, atribuciones al ejecutivo de la entidad; así como modificar la integración y adscripción de diversos órganos que tienen competencias y facultades fundamentales y diferentes en el Estado; incorporándolos a la Fiscalía Estatal a través del sometimiento de aspectos inseparables a su competencia a otros poderes.
Sobre las modificaciones a la Ley de Aguas, para eliminar los Consejos de Administración de los organismos municipales, la reforma aprobada por el PAN deja el poder de decisión, por mayoría de votos, “al sector social y privado” y deja fuera del ámbito de decisión efectiva al propio municipio, lo que contraviene de manera cierta y directa lo que establece el artículo 115 constitucional, pues priva al municipio de la facultad de decidir respecto de la prestación efectiva del servicio de agua y del monto y cobro de los derechos de éste.
“No nos merecemos el trato que esta minoría panista desechada desde las urnas nos da, y mucho menos merecemos, que, por medio de argucias legaloides, quieran torcer la voluntad de la mayoría”.
