Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Ayuntamiento de Matamoros, al invalidar la extensión del periodo del control del mando policial, la Secretaría General de Gobierno aseguró haber tomado el control de la seguridad, debió a las serías irregularidades en la selección de los agentes de tránsitos que fungían como “vigilantes municipales”.
Acatará resolución que emitieron los ministros de la segunda sala de la SCJN
Gerardo Peña Flores, Secretario General de Gobierno dio a conocer en un comunicado que, si bien el Gobierno del Estado regresará el mando de la policía al municipio de Matamoros, esto no significa que no se hayan cometido serias irregularidades legales para designar a los tránsitos.
“El decreto emitido el 22 de septiembre de 2020 por el Gobierno de Tamaulipas tenía el claro objetivo de restablecer el orden público en el municipio para que los elementos de tránsito actuaran en beneficio de los matamorenses y no en favor de los intereses de grupos generadores de violencia”, se cita.
Dijo que desde ese año, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el mando, los elementos han sido enviados a realizar los exámenes de control y confianza al C3; se ordenó administrativamente la corporación y se regularizó el estatus laboral del personal.
En el mes de septiembre del 2020, el gobierno del Estado asumió el mando al detectar que personal de Tránsito actuó de manera indebida e irregular para facilitar una serie de bloqueos en la ciudad de Matamoros, con objeto de impedir la acción de las corporaciones de seguridad en la persecución de líderes de grupos generadores de violencia.
Señaló que se realizaron revisiones administrativas que arrojaron irregularidades laborales y normativas en el desempeño de 136 elementos que fungían como “vigilantes municipales”.
Mario López Alcalde del Ayuntamiento morenista de Matamoros, nunca pudo justificar o explicar las anomalías encontradas, entre ellas que los elementos no tenían certificación alguna ni controles de confianza que se exige para toda corporación relacionada con seguridad pública.
Además los tránsitos, usaban carros americanos no legalizados y dados en comodato por particulares, para ser utilizados como patrullas, lo cual contraviene toda legalidad.
La Corte, estudió de fondo el hecho sobre la autonomía municipal y las facultades que se otorgan en la Ley Federal, sin embargo, señalan los ministros, en el decreto impugnado, el gobernador expresó razones que resultan insuficientes para justificar la ampliación de la temporalidad de la medida, pues no se dio noticia de algún nuevo acontecimiento calificado como situación de fuerza mayor o alteración grave del orden público, ni se exponen las razones por las que, a juicio del gobernador, los hechos que originalmente dieron lugar al traslado de atribuciones no han sido superados en el plazo previsto.
Se resaltó que la declaratoria de invalidez no tiene como efecto que el gobierno estatal deba retirar las fuerzas policiales estatales del territorio del municipio, sino que deberá coordinarse con el presidente municipal para desarrollar las estrategias que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de seguridad pública en Matamoros.
